Río De Janeiro. Al menos 57 reclusos murieron ayer en la prisión de Altamira, del estado amazónico de Pará, norte de Brasil, en un enfrentamiento entre el Comando Classe A (CCA) y el Comando Vermelho (CV), bandas rivales que se disputan las rutas de cocaína en esa región, reportaron fuentes de seguridad.

La rebelión empezó cerca de las siete de la mañana (hora local), cuando líderes del CCA incendiaron una celda de uno de los pabellones de la prisión donde estaban los miembros del CV.

Un video que circula en redes sociales, reproducido por medios locales, muestra seis cabezas amontonadas junto a un muro. Además, se ve cómo un prisionero hace rodar una de ellas con el pie, como si fuera un balón de futbol.

Otra grabación captó los cadáveres calcinados puestos sobre un techo de la prisión, del que emana una espesa columna de humo oscura, mientras reclusos armados con machetes recorren el lugar. Dos trabajadores de la penitenciaría fueron tomados en rehenes, pero fueron liberados antes de que terminara la embestida, alrededor del medio día, reportó la televisión local.

En conferencia de prensa Jarbas Vasconcelos, superintendente del Sistema Penitenciario de Pará, reportó en un principio 52 reos fallecidos, de los cuales 16 fueron decapitados y los demás fallecieron asfixiadas durante el motín. Más tarde la cifra de decesos se incrementó a 57 y se determinará una vez que las autoridades finalicen la inspección de todas las áreas donde ocurrió el enfrentamiento.

Vasconcelos agregó que el incendio se propagó rápidamente y los presos se resguardaron en viejos barracones que fueron adaptados para la cárcel, ya que otra instalación está en construcción.

Fue un ataque específico. La meta era demostrar que se trataba de un ajuste de cuentas entre las dos bandas, no de una protesta o de una rebelión contra el sistema penal, puntualizó el superintendente.

Las autoridades tardaron varias horas en poder acceder a la cárcel para hacer el recuento definitivo de cadáveres. Agregaron que durante el recorrido no encontraron armas de fuego, sólo puñales hechos a mano, y determinaron que 46 reos serán transferidos a otras prisiones; de éstos, 10 serán trasladados a instalaciones federales más estrictas.

Vasconcelos confirmó que la prisión de Altamira, una de las más antiguas de la región y administrada por el gobierno de Pará, tiene capacidad para 208 detenidos, pero actualmente hay 372. Pese a esta situación, indicó que no cumple los requisitos oficiales para considerarla hacinada.

Brasil, con 727 mil reos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, pero sólo cuenta con 368 mil plazas en sus prisiones. En mayo pasado, 55 presos murieron en ajustes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en distintas cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.

Una ola de motines en estados del norte y del nordeste, con más de 100 asesinados, muchos de ellos en condiciones atroces, sacudió este país a inicios de 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del tráfico de cocaína.

Las autoridades y los expertos atribuyen esos enfrentamientos a la lucha por el control de las rutas de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia.

El Comando Classe A es una facción aliada al Primer Comando de la Capital, banda de narcotraficantes nacida en Sao Paulo y que en la actualidad controla el tráfico de cocaína en todo Brasil y alcanza a países vecinos como Colombia y Paraguay.

En otro orden, el portal del filtraciones The Intercept y el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, libran una nueva batalla por las revelaciones sobre las acciones del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, en el caso Lava Jato del cual fue juez.

La nueva etapa se dio tras la detención de cuatro piratas informáticos acusados de haber interceptado mensajes del sistema Telegram que revelaron interferencias de Moro en su época de juez, y las cuales contribuyeron al juicio y encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En tanto, Bolsonaro afirmó que aún no hay ningún indicio fuerte de que el cacique de la tribu waiapi, Emyra Wajapi, haya sido asesinado en la Amazonia la semana pasada, un caso que condenó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.