eis horas fueron suficientes para que la mayoría de los estadunidenses se percataran de dos cosas: que la división entre demócratas y republicanos en el Congreso es un reflejo casi exacto de la que existe en la sociedad de ese país y del laberinto y farragoso marco jurídico que la norma. La conclusión se genera en la forma en que los legisladores de ambos partidos actuaron en la comparecencia del señor Robert Mueller, fiscal especial para investigar la intromisión rusa en las elecciones de 2016. A lo largo de la comparecencia, los legisladores demócratas y republicanos, integrantes de los Comités de Justicia y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, usaron todo el bagaje jurídico a su alcance para lograr su objetivo: los demócratas para demostrar que el informe de Mueller probaba que Donald Trump intervino directa e indirectamente para obstruir las investigaciones sobre su colusión con los rusos para ganar las elecciones y los republicanos para negarlo, defender al presidente y atacar la integridad de Mueller. Obstrucción de la justicia y conspiración o colusión con una entidad extranjera en perjuicio de EU son delitos tipificados como graves.

La otra lección es que la estrategia de demócratas y republicanos va más allá del zipizape en el Congreso. A los republicanos no parece importarles si de dicha comparecencia se genera un juicio para defenestrar al presidente, a sabiendas que, en última instancia, ese intento fracasará en el Senado en donde son mayoría. A los demócratas les interesa dejar claro que es su obligación culminar con una investigación y establecer claramente que el presidente, con el beneplácito e incluso la complicidad de su partido, cometió delitos que deben ser sancionados porque nadie puede estar por encima de ella, incluido el mandatario.

Lo que se confirma es que será muy difícil probar la culpabilidad del presidente Trump debido a los infinitos y sinuosos caminos legales de los que sus defensores, formales y oficiosos disponen. Tampoco es posible que un juicio político concluya en su destitución debido a que en el Senado la mayoría republicana jamás lo permitiría, no obstante que por lo menos cinco importantes colaboradores cercanos del presidente han sido juzgados y encontrados culpables por delitos en los que se presume que Trump en alguna medida está involucrado. El juicio final corresponderá hacerlo a los electores en noviembre de 2020.