Tras el aval otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) a la ampliación del Aeropuerto de Santa Lucía, las comunidades inconformes con dicho proyecto iniciarán un proceso de lucha pacífica y legal, que incluye la interposición de amparos y la solicitud de ayuda a organismos internacionales, pero también movilizaciones de protesta en las calles.

Así lo indicó Antonio Lara, coordinador general del Comité de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien subrayó que la oposición al nuevo uso que tendría el aeropuerto militar se debe sobre todo a que una terminal internacional como la que pretende construir el actual gobierno requerirá de enormes cantidades de agua que la región no tiene.

En entrevista con La Jornada, el abogado lamentó que la Semarnat haya autorizado las obras de ampliación del aeropuerto sin que hasta el momento se haya realizado una consulta para obtener el consentimiento de los pueblos originarios de la zona, por lo que los inconformes impugnarán el proyecto legalmente.

Pensamos interponer juicios de amparo por la violación de los derechos de los pueblos originarios, sobre todo al agua, y seguramente se decretará una nueva suspensión de la obra por la falta de consulta previa, libre e informada, explicó.

De igual forma, los habitantes de las comunidades posiblemente afectadas apelarán a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas –entre ellas la de pueblos indígenas y medio ambiente–, para que se eviten daños de difícil reparación.

Estrés hídrico

Como se informó en este diario (1º de mayo de 2019), los pobladores advirtieron que la ampliación del aeropuerto agudizaría el estrés hídrico que ya sufren, pues la cuenca Cuautitlán-Pachuca (donde se encuentra la terminal aérea) ya tiene una sobrexplotación de 800 por ciento, de acuerdo con estudios oficiales.

Por otro lado, el coordinador del CDHZL señaló que el nuevo proyecto implicaría el uso de cantidades descomunales de agua, tomando en cuenta que podría llegar un vuelo comercial cada minuto, con entre 200 y 300 usuarios cada uno, en comparación con el uso mucho más limitado que hoy tiene Santa Lucía, donde llega un vuelo cada seis horas, con entre 30 y 50 tripulantes.

De cara a la intención del gobierno de seguir impulsando el aeropuerto, hay una actitud de preocupación natural de los pobladores, pero poco a poco se genera mayor convicción de la legitimidad de su lucha por el agua. En los pueblos no existe una voluntad de confrontación; será una resistencia civil y pacífica, subrayó Lara.