El Plan Casamata que se elaboró en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo el mando del general Eduardo León Trauwitz, presuntamente para combatir el robo de combustible en ductos petrolíferos, benefició a grupos delictivos que operan en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro, México, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México, en zonas como el llamado Triángulo Rojo, en el que en los años recientes las autoridades reportaron enfrentamientos entre integrantes de las fuerzas armadas y miembros de grupos dedicados al huachicoleo.

Según los testimonios dados a conocer durante la audiencia de vinculación a proceso del general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, los militares que estaban bajo las órdenes de León Trauwitz obligaban a los integrantes de la gerencia de seguridad a realizar la inhabilitación rústica de tomas clandestinas que luego podían ser reutilizadas por los grupos delictivos.

El llamado Plan Casamata se puso en marcha con un grupo reducido de integrantes de la Gerencia de Seguridad Física de Pemex, por lo que para ampliar su operación por órdenes del general Trauwitz –de acuerdo con las constancias ministeriales que se dieron a conocer durante la audiencia inicial que concluyó el pasado martes al filo de las 23 horas– se conformó un grupo de capacitadores para replicar el sistema con otros de sus compañeros, siempre bajo la orden de no reportar sus labores a las autoridades.

Inhabilitaciones rústicas

Según las constancias del Ministerio Público Federal, el 14 de julio de 2015 en instalaciones de Pemex en la Ciudad de México que son conocidas como Las Siete Maravillas, se reunió al grupo de ocho capacitadores y se ordenó se convirtieran en replicadores para que todos los empleados del área de Seguridad Física aplicaran el mismo protocolo.

Al respecto, la FGR presentó las declaraciones rendidas por trabajadores de Pemex que denunciaron haber sido obligados a realizar las inhabilitaciones rústicas de tomas clandestinas, entre ellos Moisés Merlín Sibaja, Iván Riva Ramírez y Enrique Alejandro Díaz, quienes además expusieron que por órdenes del general León Trauwitz también se les obligaba sembrar conexiones irregulares donde supuestamente los grupos delictivos obtenían combustible.

Asimismo, Carlos Cárdenas Alor, otro de los testigos presentados por el Ministerio Público Federal, declaró que personalmente el general León Trauwitz y en algunas ocasiones el general Herrera Pegueros llegaron a supervisar la inhabilitación de tomas clandestinas y reiteraron sus órdenes de que no se debía informar de las labores realizadas ni al jurídico de Pemex ni al Ministerio Público Federal, con lo cual cientos de conexiones ilícitas no fueron contabilizadas oficialmente.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Federal aportó al juez Rogelio León Díaz Villarreal fotografías de tomas clandestinas que fueron inhabilitadas entre enero de 2016 y agosto de 2017. Las pruebas refieren que algunas seguían selladas y otras fueron reutilizadas por los huchicoleros, lo anterior como parte de la acreditación pericial de que los trabajos realizados por los empleados de Seguridad Física de Pemex, permitían que los grupos delictivos siguieran con sus actividades.

Según la información proporcionada por la FGR al juzgado en materia penal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, los militares que estaban bajo el mando del general León Trauwitz ocuparon posiciones que resultaron estratégicas para desempeñar estructuras de jerarquía con impacto nacional en cuanto a las labores de presunto combate al robo de combustible, ya que desde sus puestos se conocían los puntos exactos en los que se instalaban tomas clandestinas, como ocurrió en los municipios de Quecholac, San Martín Texmelucan y Tepeaca, en el estado de Puebla, zona a la que las autoridades denominaron Triángulo Rojo.

En los municipios antes mencionados y algunos otros del estado de Veracruz, las autoridades llegaron a considerar que entre 2016 y 2018 se registró la mayor afectación por robo de combustible a escala nacional, debido a la sustracción realizada por diversos grupos delictivos que operan en esos territorios.

Por ello, Pemex estimó que entre enero de 2016 y agosto de 2017 la empresa productiva del Estado sufrió una pérdida de 11 millones 871 mil 644 barriles de gasolinas Premium y Magna, y diésel, sólo en el ducto Minatitlán-México.

Mientras que las acciones realizadas por el área dirigida por el general León Trauwitz causaron una pérdida de 962 mil 740 barriles de combustible en el ducto Cadereyta-Madero.