Con las leyes vigentes se puede combatir a las empresas fantasmas y a los factureros, que lavan miles de millones de pesos, pero el gobierno no ha querido o no ha podido encarcelarlos, lamentó el abogado Marco del Toro.

Durante el último día de trabajos del parlamento abierto en materia de justicia laboral, organizado por el Senado, Del Toro aseveró que el problema de outsourcing o tercerización vinculado a los factureros –empresas fantasmas– es el más grave, porque se trata de crimen organizado.

El abogado se cuestionó: “¿Qué ha hecho la autoridad? Ahorita nos mencionaba el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jaime Valadez Aldana, titular de la Unidad de Servicios Estratégicos, que le han invertido una fortuna y resulta en fracasos, y es que tienen una pésima estrategia para atacar el problema.

“Es terrible escuchar cómo se han manejado Hacienda, el IMSS, la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Como no han tenido estrategia, jamás llegan al facturero”.

Denunció que los dueños de empresas de tercerización y los factureros se alían con políticos y funcionarios. Los políticos les garantizan que no les va a pasar nada, y a cambio les dan comisiones de uno o dos millones de pesos al mes. Incluso empezaron a hacer facturas con el gobierno y ese mismo carrusel iba a parar a las campañas políticas, con lo que cometen otro delito, ahora de tipo electoral.

Sostuvo que se debe diseñar una estrategia para combatir esos delitos, lo cual se puede realizar con las leyes vigentes: Sería aplicar los artículos 113, 113 bis, 108 y 109 del Código Fiscal; el 400 bis del Código Penal Federal, y el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La solución a este problema, subrayó, “para mí es que la FGR, el IMSS, Hacienda y el SAT agarren a dos empresarios por estado que se beneficien de factureros y outsour-cing, y se les acuse de lavado de dinero y defraudación fiscal. Ya detenidos, se les dice: ‘Te voy a quitar el delito de defraudación fiscal, siempre que te pongas al corriente en tus impuestos, y en el delito de lavado de dinero, ‘te voy a dar el criterio de oportunidad –sopesarlo–, quién fue el outsourcing o el facturero’. Con esa información se detiene al facturero y se aplica la extinción de dominio. Si se detiene a dos de ellos, los empresarios se van a salir de ese negocio”.

Valadez Aldana aseguró que el instituto ha destinado mucho dinero a combatir la subcontratación, pero al final, cuando el juez da el fallo, esas empresas ya no tienen recursos.

Aseveró que la tercerización mala es una realidad creciente, que a costa de los trabajadores ganan un peso más, pero afectan al empleado, quien prácticamente queda desprotegido porque no genera antigüedad para una pensión, o lo registran en el IMSS con menos sueldo y eso representa menos cuotas al instituto.

Ricardo Barbosa Ascencio, de la Comisión Fiscal Coparmex Jalisco, aseveró que no debe erradicarse la tercerización porque hay compañías de ese tipo que trabajan bien, cumplen con la ley, pero también hay empresas malas. El mayor de los problemas es la evasión del IMSS y del ISR: vamos a abocarnos a eso.

Señaló que esa industria no hubiera florecido “si no es por el contubernio de funcionarios del IMSS y de Hacienda, que se benefician de ellas, son hasta socios de esas empresas.