a Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México interpuso el lunes denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía para Servidores Públicos local contra quien resulte responsable por el maquillaje de cifras sobre índices delictivos durante la anterior administración capitalina.

Cabe recordar que la titular de la PGJ, Ernestina Godoy, ya había dado a conocer en febrero la existencia de un tope artificial en los delitos de alto impacto reportados, así como una clasificación inadecuada de hasta 68 por ciento de las carpetas de los mismos, ambas medidas con el propósito de mostrar que la incidencia estaba controlada. En días recientes, Claudia Sheinbaum Pardo se ha hecho eco de estas acusaciones, al señalar la especial gravedad de que la mala clasificación de los expedientes se presentara en crímenes como violación, homicidios dolosos en general y feminicidios en particular, que al registrarse como denuncias de hechos no sólo daban una idea falseada de la situación de la seguridad pública, sino que dejaban a las víctimas en un limbo jurídico.

Las aseveraciones de las funcionarias parecen haber recibido confirmación a partir del análisis realizado por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), según el cual la manipulación de las estadísticas por el gobierno anterior fue de tal magnitud que en algunos ilícitos se llegó a ocultar hasta 75 por ciento de los casos. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, a este ocultamiento estadístico se sumaron prácticas como la presencia de policías de investigación alrededor de las agencias del Ministerio Público con el objetivo de disuadir a las víctimas de algún ilícito de interponer una denuncia.

Queda claro que el daño causado por el maquillaje de cifras durante la administración pasada trasciende con mucho al impacto sobre la percepción social acerca del desempeño del actual gobierno en la materia. Además de las víctimas y sus entornos directamente afectados por la mala clasificación de sus casos o los obstáculos con que se les impidió denunciar ante la autoridad competente, el falseamiento estadístico constituyó un agravio contra el conjunto de los habitantes y visitantes de la capital: en efecto, al implementar estrategias de combate a la criminalidad basadas en datos ficticios, las instancias de gobierno y procuración de justicia hicieron de ésta una mera simulación.

De confirmarse la existencia de lo que la jefa de Gobierno denominó una instrucción para que no se conocieran los delitos que realmente había, no cabría sino concluir que la administración pasada negó de manera sistemática los derechos a la información y a la justicia con tal de mantener su imagen. La seriedad de este extremo obliga a las fiscalías a cargo de la investigación a realizar sus diligencias con la máxima rectitud con la finalidad de deslindar y, eventualmente, fincar las responsabilidades debidas.