Ante la persistencia de desacuerdos entre las bancadas, el magisterio y el gobierno federal, la Cámara de Diputados dejará para el periodo de sesiones ordinarias la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma a la Constitución en materia educativa.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, explicó que por ello, en la sesión extraordinaria de mañana sólo se discutirá la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, aun cuando la intención era que la legislación secundaria quedara aprobada antes del inicio del ciclo escolar.

Dicha ley, señaló Delgado, permitirá al gobierno federal que todos los bienes decomisados al crimen organizado, o donde se cometa algún ilícito, puedan ser enajenados y los recursos se utilicen para obras públicas o destinen a zonas de mayor marginación.

Ayer, en tanto, diputados de la Comisión de Educación se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, a fin de revisar si hay avances en las propuestas de ley general para el sistema de maestros, del organismo del Sistema Nacional de Mejora Continúa de la Educación y la ley de Educación Superior.

Azael Santiago Chepi (Morena), secretario de la comisión, dijo que en la Ley General de Educación se debe garantizar el derecho a ésta como derecho humano, inalienable y progresivo, humanista, generador del desarrollo personal y social de los mexicanos. Expuso que la iniciativa, que se estudia en la comisión en la materia, contiene aspiraciones ambiciosas, pues concibe a la educación no sólo como derecho, sino como medio para lograr el bienestar, combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, a fin de alcanzar la equidad y la excelencia mejorando integralmente el Sistema Educativo Nacional.

La propuesta, dijo, habla de una nueva escuela mexicana, que rescata el intercambio intercultural del país, sobre el cual se definan los nuevos planes y programas; reconoce la rectoría del Estado en la educación, al considerarlo un servicio público; ratificarla como obligatoria, laica, pública, gratuita e inclusiva y reconoce a la educación indígena, especial, de acceso a los migrantes, repatriados, desplazados y de adultos.