Las medidas en materia migratoria y de asilo adoptadas de manera conjunta por México y Estados Unidos están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección inter-nacional, censuró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un extenso pronunciamiento dado a conocer ayer en su sede en Washington, el organismo internacional criticó duramente las políticas en la materia adoptadas recientemente por los gobiernos de la región, en particular el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos el 7 de junio, a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

Expresó su preocupación por la extrema seguridad, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.

La comisión hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región a respetar y garantizar los derechos de migrantes y refugiados, así como de los defensores de sus garantías.

Complejidades y desafíos

En cuanto a la magnitud del fenómeno, la CIDH remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.

Destacó que a partir de la implementación unilateral del programa Quédate en México, Estados Unidos ha devuelto a territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo.

El organismo internacional agregó que ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de las cuales cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud.

La comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica.

La CIDH solicitó a los países de Norte y Centroamérica adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional.

Otro aspecto que preocupa a la CIDH son los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.

Motivo de alerta también, señaló, son las nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Estados Unidos el 15 de julio, mediante las cuales impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo cual violenta el derecho internacional.

Asimismo, la CIDH tiene información acerca de que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes.

Además, el 2 de julio la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes.

El plan integral es positivo

Sobre el plan del gobierno mexicano para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CIDH consideró positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.