En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, 17 procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron al Estado mexicano a ratificar el Acuerdo de Escazú, primer tratado internacional vinculante en reconocer el papel de los defensores de derechos humanos y la protección del medio ambiente.

En la misiva, fechada en Ginebra, Suiza, los expertos de la ONU indicaron que es fundamental que México ratifique ese acuerdo en un momento en que los activistas, en particular los ambientales, sufren altos índices de violencia, intimidación y acoso sin precedente, y en el que las defensoras de derechos humanos se enfrentan a desafíos únicos que a menudo son impulsados por la intersección de múltiples formas de discriminación contra las mujeres.

El Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo en incluir disposiciones específicas y vinculantes para la protección y promoción de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en cuestiones medioambientales, señalaron.

El posicionamiento es firmado, entre otros, por Elzbieta Karska, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Meskerem Techane, presidenta-relatora de la entidad sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

Los expertos llamaron a López Obrador a ratificar el acuerdo –firmado por México y otras naciones de América Latina el 27 de septiembre de 2018–, esto debido a que no se han alcanzado las 11 ratificaciones mínimas requeridas para su entrada en vigor. Hasta la fecha, 16 de los 33 países de la región lo han firmado, y sólo Guyana lo ha ratificado.

Este emblemático tratado regional no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable.

Señalaron que este tratado establece estándares para enfrentar apremiantes desafíos globales como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales.