e celebran los 50 años de la llegada de los primeros seres humanos a la Luna, auténtica proeza que, si bien se dio en el contexto político y propagandístico de la guerra fría, permite entender algunas características de la ciencia y sus relaciones con el poder. También es innegable que ha traído enormes beneficios al conocimiento científico y tecnológico de hoy. No me referiré a este suceso por ahora, aunque estoy seguro de que nadie lo lamentará, pues la cobertura que se le ha dado en La Jornada y en otros medios locales e internacionales ha sido tan amplia, que deja poco espacio para aportar novedades. En cambio, en las semanas recientes se han producido en nuestro país algunos hechos inéditos, como las expresiones de comunidades enteras de investigadores de los centros científicos más prestigiados de México y de científicos de diversas instituciones que se sienten agraviados por las políticas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de la Cuarta Transformación.

En un hecho inusitado, los investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) se manifestaron el pasado 2 de julio frente a las puertas del Palacio Nacional para insistir en la importancia que tiene la ciencia en el desarrollo de nuestro país. Desplegaron pancartas con ejemplos de las contribuciones que han realizado en beneficio de la sociedad y entregaron una carta en la que dan a conocer las aportaciones de ese centro, uno de los más importantes de México y América Latina, misiva que constituye un catálogo de los efectos nocivos que han tenido los recortes presupuestales y las políticas de austeridad para la ciencia de nuestro país.

La carta está dirigida al Presidente de la República, a los secretarios de Educación y Hacienda, así como a la Cámara de Diputados, y está firmada por casi la totalidad de los investigadores y técnicos de esa institución, más de 2 mil 500 firmas. Su texto se refiere a las medidas adoptadas por el gobierno que ponen en riesgo a esa institución, entre ellas los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sobre los salarios, pues 19 de los conceptos contenidos en esta normatividad tienen impacto negativo sobre las percepciones de trabajadores e investigadores de ese centro; la cancelación del seguro de gastos médicos, especialmente para quienes trabajan con materiales peligrosos, y la prohibición para transferir recursos a asociaciones civiles, las cuales son una fuente de financiamiento alterna al igualar fondos asignados por el Cinvestav. Desde luego no se quedan sólo en las quejas, sino que proponen un conjunto de medidas para solucionar los problemas señalados.

En el mismo sentido se expresó también un grupo de investigadores recientemente formado, ProCiencia, mediante un comunicado entregado también en Palacio Nacional el 18 de julio. Ese día, las doctoras Gabriela Dutrenit, Lorenza González Mariscal, Marcia Hiriart, Brenda Valderrama y los doctores Mauricio Flores, Antonio Lazcano y Francisco Pérez, entre otros destacados integrantes de la comunidad científica, entregaron una carta dirigida al Presidente y otras autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo en representación de más de 11 mil investigadores y profesores de diversas instituciones. Su texto se refiere a los efectos deletéreos de las actuales políticas públicas sobre las instituciones científicas como el Cinvestav los institutos nacionales de salud y las instituciones de educación superior. Además, pone énfasis en otro tema, su inconformidad por las denostaciones que continuamente se lanzan desde las más altas esferas del actual gobierno a los investigadores, señalándolos como privilegiados e integrantes de élites o castas.

Si a estas acciones se suman las realizadas meses atrás por los científicos y técnicos de los centros públicos de investigación, también mediante una carta –fechada el 15 de mayo– con más de 3 mil firmas, y el comunicado del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del 14 de ese mes, estamos ante un fenómeno que nunca se había expresado en el sistema de ciencia y tecnología en la historia de nuestro país, cuyos significados no pueden entenderse de manera simplista.

Si se examinan estos hechos con honestidad intelectual, no caben las explicaciones acerca de que los científicos no son capaces de ver lo bien que están las cosas, y que todo es consecuencia de malos entendidos o información distorsionada. Tampoco puede decirse que se trata de la acción de mafias o parte de una guerra sucia contra el del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o su directora. Se trata de una realidad que expresa los daños tangibles que están produciendo las políticas del actual gobierno a las instituciones y la protesta legítima de los científicos mexicanos ante ellas.

Todavía se está a tiempo para corregir. La manera de hacerlo es entender y atender las propuestas que hacen los investigadores.