Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al juez Claudio Bonadío ir a juicio oral y público en la llamada causa de las fotocopias de cuadernos supuestamente escritos por un ex chofer de la subsecretaría de Planeación que los quemó, lo que figura en el documento presentado donde se cuestiona la investigación, que llevó a imputar a decenas de ex funcionarios y empresarios, varios detenidos de manera preventiva e ilegal, utilizando el magistrado y la fiscalía métodos extorsivos para forzar declaraciones que inculparan a la ahora senadora.

Según expertos juristas, esta es la causa más escandalosa en la historia jurídica del país.

Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria, presentó el escrito y dijo confiar en que en este juicio se podrá demostrar la inocencia de Fernández de Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, aunque no existen pruebas.

En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda (...) todo lo actuado es nulo al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución, sostiene el escrito.

Destaca que no existen los cuadernos, sólo fotocopias no certificadas, mediante las cuales “decenas de imputados fueron colocados ante la disyuntiva de reconocer la comisión de supuestos delitos vinculando a la ex presidenta o ser privados de su libertad por un lapso indefinido.

Frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilegalidades, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia la próxima etapa procesal.

En la causa iniciada hace casi un año se apeló desde el principio a medios ilegales, cuando detuvieron cinco meses después de su anuncio al ex chofer Óscar Centeno, supuesto autor de los cuadernos, en un aparatoso operativo en el cual declaró por televisión que quemó los cuadernos, pero pasó a ser un colaborador importante en la búsqueda de la verdad.

El escrito desnuda la maniobra para que la causa caiga, como otras similares, en manos del juez Bonadío, quien persigue a Fernández desde que era presidenta.

Así se unificaron ésta y otras causas que llevan Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, hoy en rebeldía al negarse a declarar como involucrado en la investigación de una red de extorsión, escuchas y armados de causas falsas que involucran a entidades gubernamentales, un sector de la justicia y del periodismo, aliados del gobierno de Macri y agencias de inteligencia extranjeras.

Menciona detenciones arbitrarias a mansalva utilizando la extorsión durante la indagatoria, y supuestas confesiones logradas mediante la ley del arrepentido, sin hacer registro audiovisual, el allanamiento de domicilios de la ex presidenta en violación a directivas del Senado sobre los procedimientos a seguir, además de que el procesamiento con prisión preventiva y el embargo multimillonario fue dictado a pesar de que se ha escrito en las propias resoluciones que no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas.