Organizaciones vecinales y a favor de la vivienda informaron que el Poder Judicial de la Federación admitió cinco amparos por los cambios realizados al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de México.

Entre las personas que presentaron las demandas se encuentran mujeres, indígenas, personas de la tercera edad y con discapacidad que fueron víctimas de desalojos sin que se hubiera considerado su situación particular.

Los colectivos vecinales explicaron que las modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva contraria a la Constitución mexicana y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.

A decir de los inconformes, las modificaciones al artículo 60 significaron negar derechos que ya se habían reconocido, lo cual impide garantizar la dignidad humana de las personas que se encuentran sujetas a desalojos.

Además, denunciaron que con la reforma se eliminó la obligación estatal de generar datos sobre personas desalojadas, con la finalidad de generar políticas públicas para enfrentar el problema.

En mayo pasado surgió la polémica por el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que señalaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podrían llevarse a cabo sólo en casos excepcionales; además ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.

Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de México reformaron la legislación para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podrán solicitar su incorporación a programas de vivienda.

“El texto original del artículo 60 tenía como objetivo proteger el debido proceso de las personas desalojadas conforme a los estándares internacionales en la materia.

Era garantizar que quienes se enfrentan a un desalojo inminente y no tienen alternativas habitacionales, en una ciudad que ha visto subir el precio del suelo 10 por ciento anual entre 2005 y 2015, y donde los alquileres han crecido muy por arriba de los salarios, no se vean expuestos a una situación de calle, señaló el abogado Carlo Luis Escoffié Duarte.