En su próximo periodo de sesiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que abordar temas que van desde el acceso a la interrupción legal del embarazo hasta los cambios en el programa de guarderías del gobierno federal y, eventualmente, la ampliación del periodo para el gobernador electo de Baja California.

Los primeros tres asuntos en la lista para el Pleno de la Corte tienen que ver con el derecho de las niñas mayores de 12 años para recurrir a la interrupción legal del embarazo (ILE). Se trata de las controversias constitucionales interpuestas por los gobernadores de Aguascalientes y Baja California, así como por el Congreso de esta última entidad, en contra de las normas oficiales mexicanas (NOM) para combatir la violencia familiar, sexual y hacia las mujeres, y los criterios para su prevención y atención.

La coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Rebeca Ramos, explicó que el fondo de las controversias es que se permite a las niñas mayores de 12 años de edad recurrir a la ILE sin necesidad de autorización de su padre, madre o tutor.

La NOM se modificó en este sentido para armonizarla con la Ley General de Víctimas, y su origen se remonta al caso de la menor Paulina, una niña mexicana que tuvo que recurrir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando se le negó la posibilidad de interrumpir un embarazo.

Ramos llamó a los ministros de la Corte a considerar que estas NOM son una herramienta muy importante para garantizar el acceso de las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a un servicio de salud como es la interrupción del embarazo.

Los ministros también tendrán que resolver la controversia constitucional en contra de las reformas al Programa de Estancias Infantiles, presentada por el municipio de Parral, Chihuahua. Éste alega que el cambio de criterios del gobierno federal, que dispone ya no entregar los recursos del programa a las guarderías sino directamente a los padres de familia, afecta el presupuesto del municipio.

Días antes de entrar en receso, la Corte admitió la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia para dar a este tema atención prioritaria, por lo que el asunto se colocará en los primero sitios de la lista de pendientes.

Otro tema que probablemente tendrá que resolver la Corte es el de la extensión a cinco años del periodo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien originalmente fue votado para ejercer el cargo por dos años.

Entre quienes han anunciado la intención de llevar el tema hasta la Corte, están el gobernador saliente de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, además de las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, e incluso la CNDH ha dicho que analiza el tema.

Sin embargo, para que estas controversias puedan presentarse ante la Corte es necesario, primero, que la reforma sea publicada, lo cual no ha ocurrido, y el actual gobernador ha anunciado que no la promulgará.