América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser activista. Al menos 212 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017. Frente a esa realidad, Amnistía Internacional (AI) y Ciudadanía inteligente (CI) presentaron un plan de acción para los próximos dos años con el fin de atender las amenazas urgentes contra los activistas en la región, en particular los jóvenes.

Del 9 al 11 de julio ambas organizaciones realizaron en Tlaxcala el Encuentro Regional Colectiva, en el que participaron 100 defensores de derechos humanos de 14 países latinoamericanos, en el que se discutieron los riesgos y expusieron propuestas para crear mejores sociedades, impulsar procesos sociales e inspirar cambios políticos para una cultura de la protección.

Renata Ávila, directora de CI, y Garance Tardieu-Ziolkowsky, integrante de AI, indicaron que los trabajos identificaron cuatro desafíos: violencia política, cleptocracia, crisis ambiental y tecnología.

Los asistentes al encuentro definieron un plan de acción con los temas urgentes por atender: la extracción de recursos naturales, la impunidad en crímenes políticos, la trasnacionalización de la corrupción, la cultura del miedo y el silencio y la desigualdad digital.

El objetivo, dijeron, es que a partir de estas propuestas se puedan enfrentar las problemáticas que aquejan a los activistas en América Latina y se promueva mayor diversidad de las mujeres en política, más autonomía para comunidades indígenas, la creación de políticas públicas para el buen vivir y más redes autónomas feministas, también detener los despojos de tierras, dotar de mayor poder a la ciudadanía y desnaturalizar la corrupción.

Un punto central es emprender acciones en favor de los grupos minoritarios en la región y de quienes defienden sus derechos con una mayor participación política.

Los asistentes concluyeron que los esfuerzos colectivos son fundamentales para enfrentar las crisis que se viven en América Latina y encontrar soluciones a los riesgos que enfrentan los activistas. Se comprometieron a fortalecer las redes de jóvenes en la región para proteger los derechos humanos de futuras generaciones.