Después de más de dos años, la Comisión Permanente cerrará la próxima semana el tema de los 18 magistrados anticorrupción nombrados por el ex presidente Enrique Peña Nieto que no ratificó la pasada legislatura –porque PRI y PAN no se pusieron de acuerdo– y el Congreso debió sacar de la congeladora por disposición judicial.

Un juez concedió amparo a un inconforme y ordenó al Senado desahogar el proceso para ratificar a tres magistrados de la sala superior y 15 de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), responsables de sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Al Senado no le dio tiempo de ratificar los nombramientos y pasó el tema a la Comisión Permanente, donde finalmente se llamó a comparecer a los candidatos, aunque sólo se presentaron cinco de los 18. Dulce María Sauri, diputada del PRI, lamentó que el asunto se haya manoseado en exceso, ya que desde abril de 2017, cuando los nombramientos fueron remitidos, quedó pendiente.

La integrante de la primera comisión de la Permanente señaló que los candidatos no pudieron comparecer hasta la tercera ocasión, ya que dos veces se canceló la reunión con los legisladores, una de ellas por falta de quórum, y algunos deben haberse desalentado.

Sauri precisó que la próxima semana presentarán el dictamen sobre los cinco candidatos que comparecieron, los que, sostuvo, son ampliamente elegibles e idoneos porque son ”profesionales de primera, con amplia experiencia en el Poder Judicial y en el combate a la corrupción”.

Serán votados ante el pleno, aunque no descartó que Morena y sus aliados voten en contra, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han expresado que no están de acuerdo con esa parte del sistema anticorrupción, que deja en el TFJFA la responsabilidad de sancionar a los servidores públicos que incurran en esos actos.

Legisladores de Morena confirmaron que votarán en contra de ratificar a los magistrados y se avanzará en las iniciativas de Sánchez Cordero y del senador Ricardo Monreal, que devuelven al Poder Judicial la aplicación de sanciones en materia de corrupción.