n carnaval de acusaciones y descubrimientos como el actual, del hilo negro al Mediterráneo, no le hacen bien a nadie. Menos aún a la república hipotética que imaginamos podría entregarnos la democracia una vez que pudiéramos decir que su construcción inicial, la de sus cimientos y pisos fundamentales, habría terminado.
Someter el intercambio político abierto que requerimos al filtro de la barandilla del Ministerio Público nunca ha sido buena decisión y poco podemos decir de sus resultados contrastados con los propósitos de saneamiento de la vida y la administración públicas que supuesta o realmente inspiraron tales punitivas acciones. Algunas de ellas dieron lugar, al menos en la mente de sus postulantes, a enormes campañas mediáticas, al encarcelamiento sospechoso de algunos funcionarios y, al final de las cuentas, a un escepticismo mayor de buena parte de la sociedad respecto de las habilidades y compromisos justicieros de la autoridad respectiva.
Con la explosión de criminalidad organizada, bien armada y multimillonaria que hoy nos asuela, la cosa se ha puesto grave y lo que tenemos a diario sobre nosotros son cataratas mitómanas de émulos de Eliot Ness e invenciones menores sobre la omnipresencia del mal en todos los planos de la vida del Estado. Las campañas de desprestigio suben y bajan y no dejan nada intocado salvo, por ahora, esa frágil capa de credibilidad que sostiene la confianza en los dirigentes… hasta nuevo aviso.
Solíamos ver al petróleo y su industria ampliada a los derivados y la petroquímica como la joya de la corona del Estado posrevolucionario y como un sostén primordial del régimen, del desarrollo de la economía y un mecanismo de redistribución regional y hasta social que en algunos momentos llevara a los mandamases de la industria, ejecutivos y líderes sindicales a verse como auténticos salvadores de la patria. Redentores y futuros héroes de las proezas por venir, resumidas por una idea de modernización y modernidad que podría ser vista, en el tiempo, como una nueva innovación mexicana proveniente de la herencia revolucionaria.
Todo esto, junto con el crudo en caída, se ha vuelto evanescente y los remedios caseros, intentados hace apenas seis años, no han rendido el fruto prometido. Ni la economía se recuperó de su largo letargo ni la producción petrolífera ofrece los rendimientos esperados. Los auxiliares foráneos, para cuyo concurso se llevó a cabo una obra mayor de fontanería constitucional, se han mostrado medrosos y la capacidad nacional de administrar obras mayores indispensables para la rehabilitación industrial es puesta en duda cada vez que los altos funcionarios declaran, rinden cuentas o presentan ante los mercados
sus planes de negocios. El compromiso reiterado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con una reforma radical del régimen político podría iniciar en este flanco maltrecho de nuestra economía política. La deliberación sobre las capacidades estatales para promover, regular y modular el desempeño económico ha brillado por su ausencia, salvo en las bravatas morenianas contra el neoliberalismo y sus zombis.
Hacia dónde dirigir un aparato tan grande como es eso que llamamos economía, es una pregunta que no puede responderse simplista o finalistamente; entre los grandes propósitos de transformación histórica y el presente, todavía lastrado por décadas de mal crecimiento y peor distribución, media un duro y largo periodo de reconstrucción institucional, expansión material y productiva que implican, a su vez, sacrificios y posposiciones en el consumo y la satisfacción colectiva e individual que deben ser explicados y justificados para luego volverse medidas claras en cuanto a calidad y duración, políticas de diverso calado, leyes y reglamentos dirigidos al corazón de la economía política, donde se cultivan o someten, según el caso, los sentidos profundos de la economía pública, sus funciones y conductas, inscritas en novedosos panoramas de participación social y transparencia en la conducción y la evaluación de resultados.
Todo esto y más es asunto serio de reforma administrativa del Estado, pero es sobre todo cuestión política crucial que remite al esquema de alianzas y coaliciones desde las cuales fincar planes de gobierno y establecer objetivos claros y precisos, metas y modos de actuar y de hablar, nuevos o renovados lenguajes para el entendimiento entre gobernantes y gobernados. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo era una oportunidad para iniciar lo que no puede sino ser un vasto y cuidadoso ejercicio pedagógico, sobre la economía y el Estado; sobre las clases sociales y sus contratos para sobrevivir el gran cambio del mundo y el nuestro propio.
La oportunidad se dilapidó y hay que empezar de nuevo. Las voces del Congreso de la Unión debían hacer uso de su palabra, empezando a llamar a la cosas por su nombre: receso puede no haber, pero el estancamiento y sus trampas persisten. Desempleo abierto masivo no hay, pero sí mucho subempleo y precariedad laboral que determinan una brecha social enorme. Política económica puede haber, pero no es la necesaria para este momento. No hay coordinación entre los actores y ello no puede subsanarse con visitas de cortesía a Palacio.
Unas jornadas como estas, podrían convocar hasta al Banco de México, porque sin su concurso poco podrá hacerse para que las políticas conversen y se ponga en movimiento el instrumento de acción inmediata que nos queda y que solíamos nombrar banca de desarrollo… Hoy del subdesarrollo.
