Editorial

Más sobre las políticas del “No”
¿Por qué ceder la media cancha?

Décadas de resistencia al neoliberalismo nos pusieron a la defensiva. Acosadas, agredidas y buscando preservar lo que tenían, las comunidades rurales aprendieron a rechazar proyectos que amenazaban su patrimonio y sus territorios. Resistencia que se combinó con reivindicaciones mínimas de salud, educación, ingreso…

Desarrollaron así una estrategia reactiva. Una respuesta básicamente conservadora a los cambios impulsados por los gobiernos anteriores que hoy les impide ver las oportunidades que ofrecen las renovadoras iniciativas de la 4T.

Así, portavoces de las comunidades zapotecas, chontales, mixes, ikoots y zoques del Istmo de Tehuantepec que, como ellos dicen, padecen “pobreza, violencia, desempleo, falta de hospitales y escuelas”, exigen que el gobierno atienda estas demandas “antes de pensar en un megaproyecto” como el transístmico (Alberto López. Alistan amparos contra el Corredor Interoceánico, El Universal, 23/6/19).

En consecuencia, buscaron impedir la consulta sobre un Programa de Desarrollo para el istmo que organizó el gobierno federal el 30 y 31 de marzo, y decidieron ampararse contra el decreto del 13 de junio por el que se creó el organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Es su derecho. Pero por qué contraponer la legítima exigencia de que se satisfagan necesidades puntuales, con la igualmente legítima participación en el diseño de un proyecto de desarrollo: un plan que incluirá inversiones privadas (lo que no está mal si se controla su impacto socio ambiental), pero también propuestas de interés social que antes fueron frenadas por los gobiernos federal y estatal.

Uno de estas es la urgente intervención del sistema hidrológico del que depende la existencia de la etnia Ikoot. Establecidos en los municipios de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y una agencia de Juchitán, Santa María del Mar, los Ikoot son un pueblo de pescadores cuya vida se sustenta en el sistema formado por la Laguna Superior y la Laguna Inferior, conectadas al mar,  y ríos como Los Perros que las alimentan de agua dulce. El cierre de la bocabarra Santa Teresa y la creciente contaminación del río, han ocasionado un serio declive de la captura de peces y moluscos, y con ello de la economía de los Ikoot.

El problema tiene remedio, pero demanda obras importantes que deberían estar consideradas en el nuevo Programa de Desarrollo de Istmo. Sin embargo, paradójicamente, una parte de los Ikoot han elegido oponerse al proyecto.

Otro caso es el de los parques eólicos; una modalidad renovable y casi limpia generar energía eléctrica, que en el Istmo ha sido combatida debido a la forma invasora y excluyente como se implementó. Y uno se pregunta: si las comunidades istmeñas descubrieron que al maíz zapalote, por su baja talla, no lo tumba el viento, por qué no aprovechar ese mismo viento estableciendo parques eólicos comunitarios.

Ya lo intentaron. En 2007 los comuneros de Ixtepec informados de que se pretendía construir ahí una subestación eléctrica, formularon un proyecto de desarrollo que incluía un parque eólico comunitario donde “cultivarían no la tierra sino el viento”. Para su diseño se apoyaron en Yansa, una fundación estadounidense, y para la tecnología buscaron a Siemens. Sin embargo el proyecto dependía de los permisos de la CFE y la Secretaría de Energía, quienes en 2012 le cerraron las puertas y dieron las adjudicaciones a trasnacionales como Green Power (José Gil Olmos, Pedro Matías, Marta Molina y Paulina Ríos, La falsa ilusión de los `molinos de viento´, Proceso  n. 2225, 23/06/19).

Aurelio Fernández.

Aun así, los comuneros se ampararon contra la CFE y han seguido insistiendo. El 1 de febrero de 2019 el presidente López Obrador, canceló las subastas y licitaciones eléctricas que privatizan la generación. Así que es el momento de retomar el proyecto de parques eólicos comunitarios. Pero al grito de “No a las eólicas, que son proyectos de muerte”, algunos istmeños se excluyen de un proyecto socialmente incluyente y plausible en términos de conversión energética.     

No todos caen en la trampa de la autoexclusión. Los ambientalistas más consecuentes e informados señalan los riesgos ecológicos de algunos proyectos de la 4T. Pero no se erigen en profetas del “No” y acompañan sus críticas con propuestas. El Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) de la Universidad de Puebla, por ejemplo, fue uno de los primeros en cuestionar el PIM. Pero a diferencia del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, plantea opciones. Así lo expone Aurelio Fernández:

“Me preguntaron: ¿se puede conciliar la conclusión de la obra del PIM con la solución de los riesgos que conlleva? Sí, digo, a condición de cumplir con estos requisitos: No hacer ramales de gas, usarlo únicamente en la generación de energía en Huexca; revisar en detalle el trazo del ducto […]; garantizar la reacción al transportar el gas durante un evento volcánico peligroso; garantizar el cuidado del ducto en relación al robo de combustible; revisión del sistema de enfriamiento de las termoeléctricas; tener cuidado de otros contaminantes producidos; y, un aspecto crucial, la conciliación con los actores sociales que han participado en este proceso a lo largo de muchos años”.

Víctor Manuel Toledo

Y lo mismo el Tren Maya. El año pasado Víctor Toledo, hoy secretario de medio ambiente, escribió en un artículo publicado en La Jornada que los efectos del Tren Maya: “dependerán del juego de fuerzas políticas, económicas y culturales que desencadene […] Para que sea la realización de un sueño y no una pesadilla debe inscribirse en un Plan Maya por la Vida en toda la región […] Ello supone la participación articulada de los gobiernos federal, estatales y municipales, y de estos con las comunidades, pueblos y ciudades. Dicho Plan, que debe encabezar el nuevo gobierno, debe reconocer este “conflicto civilizatorio”, ponerse del lado correcto y realizarse con la colaboración no solo de los pueblos mayas sino de los académicos, investigadores y técnicos, las organizaciones conservacionistas y las empresas sociales y privadas de la región”.

El “No”, habitualmente acompañado de juicios de amparo dirigidos a parar las obras, es una forma de autoexcluirse. Y si los planes de todos modos van -como irán-  algunos de los actores sociales realmente comprometidos con la gente, pero que se opusieron sin más, quedarán fuera de la jugada, que mientras los grandes empresarios si presionan para orientar los proyectos a favor suyo. Para los equipos llaneros jugar a la defensiva y ceder la media cancha es una mala estrategia. Y más cuando con la 4T podríamos ir de gane. 

Aunque algunos los ven como amenaza, los planes regionales de desarrollo pueden ser la oportunidad para detener tendencias destructivas que vienen de atrás. Porque en muchos casos los territorios que defendemos están socio ambientalmente deteriorados y urge emprender su recuperación.

La Riviera Maya es un desastre; en Cancún, Mérida y Ciudad del Carmen la urbanización salvaje es imparable; las carreteras fracturan el hábitat de la fauna peninsular; la laguna de Bacalar apesta; la soya transgénica amenaza a los apicultores yucatecos; los menonitas arrasan la selva… Entonces, el Tren Maya puede ser parte del remedio o agravar la enfermedad. De nosotros depende.

Esa es la idea de López Obrador: “El Tren Maya implica una inversión de cuarenta mil millones -dijo el presidente en Tulum, Quintana Roo- Pero antes tenemos que ordenar el territorio, ordenar el desarrollo porque ha habido mucho desorden, mucha anarquía, también abusos, despojos de tierra. Hay que poner orden en eso”.

Tomémosle la palabra.•

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