Mitos y realidades sobre la
violencia en los municipios rurales

La diversidad es una parte de la complejidad social.

Muchos han sido los esfuerzos orientados a estudiar el fenómeno de inseguridad y violencia que vive México. Sin embargo, tales denuedos analíticos han dejado de lado lo que sucede en el campo.

Por ser una realidad compleja, la violencia rural demanda ser mirada y analizada a partir de paradigmas que ayuden a entender la manera en cómo se construye esa complejidad que, por el contexto en el que se da (estructuras-agentes-dinámicas-interrelaciones), presenta una especificidad y composición propia.

La diversidad es una parte de la complejidad social. Ni siquiera la violencia que se presenta en el campo es igual en todas sus regiones y municipios, varía, no solo, en cuanto a sus causas, actores, expresiones y efectos, sino también en cuanto al marco institucional y cultural en el que se construye y recrea.

Resulta indispensable abordar con seriedad y profundidad la problemática de violencia rural. Hacerla visible permite establecer las bases para la construcción de una política pública capaz de darle respuesta pertinente.

Aunque es necesario contar con un análisis basado cifras delictivas actuales, la información delictiva correspondiente a 2017 aporta indicios de lo que está pasando en el campo. De acuerdo con ella:

1. En los municipios rurales se registra al menos una cuarta parte de la violencia letal que afecta al país. En 2017, se registraron en ese ámbito 6,731 muertes violentas, que representaron el 26.6% del total nacional.

2. La violencia rural se concentró en 1187 municipios, el 57.3% de los 2072 municipios rurales existentes en el país, fenómeno que afectó -directa o indirectamente- a 33.2 millones de personas.

3. En promedio la tasa de homicidios dolosos en los municipios rurales, es menor a la que registran los municipios urbanos. En 2017, los primeros observaron una tasa 16.9 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, mientras que la tasa urbana fue de 22.2.

4. No sucede lo mismo con los municipios rurales que registran contextos de violencia, en cuyo caso las tasas son más elevadas que el promedio observado para el campo. En estos municipios, la tasa se colocó en 20.3 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, cerca del promedio nacional y 3.4 homicidios mayor al promedio rural.

5. Los datos indican que existe una correlación moderadamente alta (0.6946) entre el tamaño de la población municipal y el número de homicidios dolosos registrados.

6. De igual forma, se observa una correlación menor y de signo negativo (-0.3682), entre el nivel de ruralidad y el número de homicidios dolosos. De tal manera que, a mayor ruralidad es menor el número de homicidios registrados.

7. Las correlaciones estadísticas entre el tamaño de la población y entre el nivel de ruralidad con el número de homicidios dolosos muestran que la violencia es un fenómeno tendencialmente urbano, pero no únicamente urbano, también se encuentra en las zonas rurales, aunque su magnitud es menor, no necesariamente lo es su intensidad.

8. Entre más alta es la proporción de la población indígena en la población municipal, la correlación con los homicidios dolosos se vuelve inversa (-0.104), es decir: entre más indígena es el municipio menor es el número de homicidios registrados.

9. La falta de correlación entre las variables población y nivel de ruralidad con la tasa de homicidios dolosos indica que la violencia puede ser igualmente grave en los municipios rurales como en los urbanos.

10. A diferencia del llamado sentido común que relaciona pobreza y violencia, la evidencia indica que a mayor pobreza es menor la violencia letal registrada (-0.213).

Es común que la pobreza, la desigualdad y la marginación sean señaladas como las principales causas de la violencia delictiva. Sin embargo, los datos sobre homicidios dolosos recabados cuestionan el contenido de esta narrativa construida más sobre bases ideológicas que sobre realidades y evidencias.

Relacionar la pobreza con la inseguridad es un postulado atractivo y poderoso para muchos que ven en él “la explicación” a uno de los graves problemas que enfrenta el país.

Es también un postulado falso, pues supone que los individuos en general y los pobres en particular son capaces de elegir un curso de acción que les permita maximizar el beneficio esperado; es decir, escoger entre mantener su status quo (aguantar vara), emigrar para huir de la violencia, con la carga de incertidumbre que el desplazamiento conlleva o incorporarse a alguna actividad delictiva con beneficios inmediatos. La teoría de la elección racional supondría que esta última es la mejor opción.

Este razonamiento sobre el comportamiento humano presupone que el objetivo único de las personas es buscar su propio beneficio: los individuos son concebidos como seres egoístas, carentes de capacidades para cooperar socialmente y ajenos a sus contextos proximales en los que interactúan, nada más equivocado.

Por el contrario, los individuos son seres con motivaciones y emociones tamizadas por factores culturales idiosincráticos, así como por normas y principios que se adquieren en la familia y la comunidad, mismas que orientan sus valoraciones y comportamientos (Lara A., 2015: 7-26). De tal suerte que la pobreza no lleva directamente a la criminalidad ni tampoco la cancela.

Las elecciones que toman los individuos (estrategias contingentes) se dan en un mundo con diversidad de agentes, valores morales y situaciones, la manera en que estos elementos se combinan, origina o cancela las condiciones que inciden en la propensión de una persona a delinquir.

Aún más, la lógica de la elección racional lleva a construir soluciones simples a problemas complejos. Con ella, se hace caso omiso del papel que tienen en el comportamiento de los individuos las reglas institucionales, los atributos de la comunidad y los recursos disponibles. Asociar pobreza con delincuencia, “sugiere una visión mecánica y lineal del mundo social; no deja espacio para la contingencia, la emergencia, la historia, el contexto, las agencias y la capacidad de reflexión humana”.

Finalmente, frente al postulado de que las carencias socioeconómicas son fuente u origen de la violencia, la política social, particularmente la de combate a la pobreza, es llamada a ser su solución, capaz de generar los incentivos suficientes para modificar el comportamiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, evitando su involucramiento en hechos delictivos por razones económicas.

Suponiendo que ello sea cierto, el problema se centra entonces en la focalización y el contenido de la política social, toda vez que combatir la pobreza y reducir la inseguridad son dos objetivos de política pública diferentes, con especificidades propias, lo cual plantea un problema de diseño y concepción.

Al cruzar los datos de homicidios dolosos con los 1115 municipios rurales que integran las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), encontramos que no existe un vínculo estadístico. No todos estos municipios se encuentran entre los más afectados por la violencia delictiva, aunque sí tienen las mayores tasas de pobreza. De tal manera que, entre mayor es el nivel de pobreza registrada en los municipios rurales ZAP, menor es la incidencia de homicidios (-0.1877886) observados en ellos. •

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