|
||||
¿Y los jornaleros? Antonieta Barrón Profesora Facultad de Economía, UNAM
El primer presupuesto de egresos del gobierno actual se elaboró “considerando las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo, priorizando los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas…” (PEF 2019), declaración que podría suponerse incluye a los jornaleros agrícolas, sin embargo, no es así. En la reestructuración de la actual Secretaría de Bienestar, SB, desaparecieron algunos programas sociales, entre ellos las estancias infantiles y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, PAJA. El argumento para desaparecer algunos programas sociales fue, según Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que varios programas sociales tenían fallas y en algunos casos eran tantas, que ameritaban su desaparición. En ningún momento esta Secretaría se planteó la reestructuración de los programas que, sin lugar a duda, desempeñaban un importante papel social, no obstante su mal manejo. El PAJA nació en 2001, atendiendo a jornaleros en 10 entidades del país, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En ese año el PAJA estimaba que había más de 800 mil jornaleros migrantes. El PAJA priorizó su atención en las zonas de atracción a partir de siete líneas de acción: Líneas de acción que no cambiaron con el cambio de reglas de operación Con estos referentes, los promotores llevaban a cabo todas sus acciones, fomentaron la creación de guarderías en los albergues para que las madres jornaleras llevaran a sus hijos desde las 5 de la mañana; lograron que los patrones aportaran los alimentos de los niños y el pago de cuidadoras. Promovieron que CONAFE les diera clases a los adolescentes en los campos agrícolas, que las mujeres jornaleras se atendiera, llevarlas a los hospitales a parir, el traslado de algún enfermo o muerto, además de dar becas para estudiar a los hijos de jornaleros migrantes y apoyo en el traslado de las zonas de expulsión a las zonas de atracción. En las regiones de origen de los jornaleros el Programa vigilaba que los jornaleros migraran en condiciones de seguridad, registraba las empresas de destino, si había algún accidente se encargaba de apoyar a los jornaleros para resolver las dificultades que se presentaban. En materia de procuración de justicia, durante el tránsito migratorio, principalmente en el caso de los indígenas, se presentaban muchos casos de violación de los derechos de los jornaleros y sus familias; la carencia de actas de nacimiento, que los acreditara como ciudadanos mexicanos, propiciaba y propicia que con frecuencia se les niegue el acceso a determinados servicios públicos, haciéndoles más susceptibles a los abusos y despojos, situación que se agrava por el desconocimiento que tienen los jornaleros de sus derechos civiles y de las instancias a las que pueden acudir para su defensa”. Alguna violación a sus derechos, un patrón que no pagaba, un jornalero que se quedaba sin trabajo y no lo regresaban a su lugar de origen, el PAJA, acudía en su ayuda. En las zonas de expulsión y algunos centros de atracción construyeron las Unidades de Servicios Integrales, USI, que eran centros de acogida de jornaleros mientras migraban o encontraban trabajo, allí se les daba un espacio donde dormir y las comidas por cuotas de recuperación simbólicas.
En 2012, cuando aún había cierta actividad del PAJA, el programa operaba en 21 entidades, además de las señaladas incorporó a Chihuahua, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y Michoacán, y se quedaron en diagnóstico, Chiapas, Coahuila, Zacatecas y Colima, con 1,200 promotores sociales trabajando en campo. En 2017, desintegrada la red de promotores, apenas atendieron a 76,342 jornaleros, básicamente con apoyo en el traslado de su lugar de origen a las zonas de atracción. Es cierto que inclusive en el apoyo para el traslado de jornaleros no había control, que operaba de forma simbólica el programa con 296.48 millones de pesos, que casi no existía, pero la respuesta a las formas de operar del PAJA fue su desaparición, sin ninguna alternativa para su atención. En el perfil de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar desapareció la figura de asalariados y en su lugar le asignó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 39 millones de pesos para atender a los jornaleros. Hay 1.5 millones de jornaleros migrantes de los cuales el 40% son indígenas. Los abusos se han vuelto una constante entre estos jornaleros migrantes, la indefensión y maltrato son diarios y no hay respuesta para ellos. La Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, desapareció muchos programas, por las razones que sea, por el mal manejo, se dice, y en su lugar instrumentó nuevos programas donde cerca del 60% son transferencias en dinero que no combaten la pobreza. Es cierto que el PAJA no funcionaba, pero la respuesta de un gobierno justo era rehacer el programa y atender a los jornaleros, hijos olvidados del régimen.•
|