El campo en su encrucijada

En el campo enfrentamos dos posibles escenarios.

Un escenario indeseable: la decadencia administrada

En este escenario se mantiene la continuidad de las pasadas décadas en sus cuatro ámbitos centrales: la desconexión de las políticas sociales para el campo y de las políticas de fomento productivo rural; la tendencia a favorecer con el gasto público a las regiones de agricultura más avanzadas; la fragmentación de las políticas orientadas a los pequeños productores y la ausencia de una política integral de protección y desarrollo de los recursos naturales.

El supuesto central es que el dinamismo de la agricultura comercial lograría en el agregado compensar las importaciones de granos, y que las políticas de combate a la pobreza limitarían las movilizaciones antigubernamentales en el campo.

Iguana. Francisco Toledo

En este escenario aumenta la brecha entre la agricultura comercial y la pequeña agricultura; se siguen deteriorando los recursos naturales y continúa la inercia de la política asistencial. Sin embargo, con un crecimiento económico similar al promedio de los pasados 20 años será́ difícil evitar explosiones espontáneas de descontento rural, por temas tanto sociales como productivos y ecológicos.

En este escenario se mantiene la tendencia que caracterizó a las políticas de la década de 1990 y, sobre todo, la misma teoría del cambio sustentada desde sus inicios en un supuesto central: un fuerte crecimiento de la economía y un crecimiento del sector agropecuario y forestal por encima del crecimiento demográfico, reduciría la población rural de manera sistemática para ser absorbida por el dinamismo de las ciudades —desarrollo industrial, manufacturero y de servicios. El ideal sería entonces una población rural que constituyera entre el 5 y el 10 por ciento del total.

Esta teoría del cambio enfrenta dos realidades incontrovertibles. Por un lado, el crecimiento de la economía se ha mantenido en niveles de casi estancamiento en las pasadas tres décadas —alrededor del 2%, en promedio— y por otro, el crecimiento sectorial apenas ha sido superior al demográfico a causa, sobre todo, de la ralentización del crecimiento demográfico que pasó de 3.15% anual —con una población total de 38 millones de habitantes—, en 1960, a 1.29% anual —con un total de 127 millones—, en 2015. El crecimiento de la economía no parece que se incremente de manera considerable en los próximos años; en cambio, el crecimiento sectorial sí es probable que crezca, aunque modestamente. Los dilemas del empleo agrícola y no agrícola más las tendencias migratorias internas hacia ciudades medias, generarían importantes dilemas para las políticas rurales.

La segunda realidad, tan importante como la primera, es que esa teoría del cambio funcionó en el marco de una economía cerrada. La integración a los mercados mundiales, iniciada con la apertura comercial desde mediados de los ochenta con el GATT, y luego a partir de 1994 con el TLC —y los demás acuerdos o tratados comerciales con Europa y otros países—, modificaron sustancialmente el papel del sector agropecuario y forestal hacia un modelo que ha privilegiado el mercado externo y las exportaciones. Desde luego que muchos de esos impactos se observan en el vigoroso dinamismo de las exportaciones agroalimentarias; sin embargo, también aumentan las vulnerabilidades a partir de temas como las migraciones y las tendencias proteccionistas del gobierno estadounidense.

En este escenario, el papel principal lo juega un agente externo —el gobierno de Estados Unidos— con dos amenazas creíbles lanzadas desde la campaña electoral de Trump en 2016: la expulsión masiva de migrantes mexicanos -y ahora centroamericanos-, y la renegociación del TLC bajo la alternativa de amenazas comerciales usadas para obtener concesiones en otros ámbitos, como ya está ocurriendo.

Este escenario se desarrollaría en un contexto general de enfriamiento de la demanda internacional. El comercio agroalimentario se está reconfigurando con tres tendencias estructurales dominantes. La primera es el afianzamiento de un mundo multipolar o globalización fragmentada que incluye un debilitamiento del papel de los acuerdos multilaterales y un potencial afianzamiento de acuerdos bilaterales. La segunda tendencia es la creciente importancia de los productos intermedios en el comercio internacional. Esto está acompañado por la emergencia de cadenas globales de valor y del comercio intra empresa. Finalmente, la tercera tendencia es hacia el proteccionismo vía medidas arancelarias y no arancelarias en el ámbito agroalimentario.

Un mejor escenario: reconstruir el campo

Este escenario comienza por cuestionar las dos creencias centrales de las políticas rurales desde mediados del siglo pasado. Por una parte, una teoría del cambio que hace una falsa equivalencia entre modernización y descampesinización, lo cual implicaba que las políticas públicas deberían favorecer a las ciudades como centros de atracción de una población rural redundante. La derivación de lo anterior fue una receta agudamente spenceriana que condenaba a los pobres del campo a seguir siendo tales, a menos que se desplazaran a las ciudades —en cuyo caso se volverían pobres urbanos—, y que escogió como triunfadores a los grandes agricultores comerciales a través de un sesgo concentrado y concentrador en esas regiones con enormes subsidios regresivos.

La teoría del cambio que encarnaría este nuevo escenario partiría, por el contrario, de reconocer las grandes transformaciones en el campo mexicano en los pasados 25 años. Revisando la estructura de ingresos de los hogares rurales en al menos la pasada década se reconoce el carácter multifuncional de los habitantes rurales, aun cuando las actividades agropecuarias, forestales y de pesca siguen teniendo un papel importante en muchos de estos hogares, ya sea contribuyendo al ingreso monetario o garantizando un grado para su suficiencia alimentaria.

Lo anterior constituiría la base para el impulso de políticas rurales que fortalezcan el mercado interno promoviendo la producción de alimentos, el desarrollo de empresas rurales, los diversos mecanismos de financiamiento rural bancario y no bancario, el adiestramiento de la mano de obra rural y la reducción de las carencias sociales, al mismo tiempo que impulsen las cadenas de valor en la agricultura más avanzada.

El eje de ese impulso estaría fincado en dos ámbitos. Uno seria rompiendo la inercia institucional, la cual reproduce la división de funciones entre la política de protección social —administrar los programas antipobreza— y la política de fomento productivo; la inercia de los agentes y la inercia de los “beneficiarios”.

Lo anterior se lograría a través de la articulación de una política social y una política de fomento productivo reorientando al gasto público en una estrategia de desarrollo territorial a las distintas regiones y diseñando los subsidios rurales sean progresivos.

Parecería que nos encaminamos hacia este segundo escenario, gracias a que en el inicio del nuevo régimen encabezado por AMLO, los subsidios agrícolas son cada vez menos regresivos y el gasto público rural se ha claramente orientado a las zonas rurales más pobres. Pero este posible recorrido enfrenta una narrativa del actual gobierno que resulta inquietante.

Se trata de la idea de transferir recursos hacia los pobres rurales sin “intermediarios”. Desde luego la experiencia de un enjambre de redes clientelares, asociaciones y “organizaciones” que crecieron y multiplicaron alrededor la captura de recursos públicos que nunca llegaban a los supuestos beneficiarios establece sin duda un antecedente que debe ser evitado. Pero es indispensable también reconocer que eso ocurría como parte de una estrategia deliberada que buscaba desarticular a las organizaciones rurales -sobre todo en el ámbito comunitario- para reducir las demandas sociales desde la base y en cambio garantizar lealtad política. Es importante distinguir que la narrativa contra los intermediarios es un argumento en contra de las capturas de recursos públicos no en contra de las organizaciones rurales. Porque si lo fuera no tendría ninguna diferencia con el famoso dictum de Margaret Thatcher: no existe tal cosa como sociedad, solo existen individuos.

Tampoco deben confundirse las transferencias monetarias que son individuales -por más universales que se argumente que son- con los derechos sociales universales una de las demandas históricas de las izquierdas en el mundo. Los derechos sociales empoderan, es decir impulsan a los individuos a que se organicen desde la base.  Los programas de transferencias monetarias articuladas desde las comunidades pueden en cambio convertirse en un poderoso instrumento que combata la fragmentación social y reconstruya los vínculos sociales en el campo, sentando las bases para lo que deberían ser derechos sociales universales -salud, alimentación, educación, medio ambiente sano; entre los más importantes.•

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