Bosques para la gente:
recuperar la política forestal

La Ley General De Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) define que el “Desarrollo Forestal Sustentable” debe ser la política para las zonas forestales de México. Por Ley, el gobierno debe promover un “Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector.” (Art. 7- XXI).

Pero en los hechos se aplica una política de facto que privilegia la explotación de las zonas de mejiros yacimientos de madera o “macizos forestales” y desatiende el resto, argumentando razones de conservación que no son reales.

La “productividad óptima y sostenida” no se está logrando: los bosques bajo manejo formal son menos. La producción legal de madera disminuye. Los incendios y la deforestación siguen imparables.

Un grupo de 6 organizaciones de productores, 5 organizaciones de la sociedad civil y una universidad, convocaron a 91 participantes de diversas organizaciones al taller nacional “Bosques para el Buen Vivir”, realizado en la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez el 26 y 27 de octubre de 2018. Ahí se identificaron los problemas y obstáculos que enfrenta el sector social forestal y se elaboró una agenda de acciones para revertir la situación de deterioro de los bosques y de las condiciones de vida de la gente. Reportamos aquí la problemática identificada en el taller. La agenda de acción será motivo de otro documento.

Se identificaron 4 retos fundamentales:

1 Superar el énfasis en los macizos forestales y el enfoque extractivista

La política de facto ha privilegiado el aprovechamiento para las industrias de la celulosa y papel, construcción, mueblera y para materiales de empaque. Ese énfasis desalienta el manejo forestal sostenible en otros lugares, y hace que el uso del suelo hacia actividades no forestales se vuelva más atractivo, reduciendo las oportunidades de desarrollo económico basado en el bosque en la mayor parte de México. La concentración es tal, que en solamente Durango, Chihuahua y Veracruz se obtiene el 56% del producto nacional (tabla 1).

El candidato Peña Nieto se comprometió “por escrito” a duplicar la producción de madera durante su sexenio. Pero, según la Semarnat, inició con 5.9 millones de metros cúbicos y en 2016 iba solamente en 6.7.

No ha sido posible “alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas”.

2 Lograr acceso a un financiamiento adecuado

La política de facto ha distorsionado a las instituciones financieras. En el sector forestal, tal parece que los productores no desean contraer crédito y los bancos no quieren prestar. Ante la falta de esquemas de previsión, como pudieran ser los fondos de inversión y el aseguramiento, para las comunidades forestales el riesgo y las implicaciones del no pago son enormes. Por ejemplo, un deslizamiento de tierras impedirá el acceso a las zonas de cosecha y la venta de madera por semanas. Reparar el camino puede costar millones de pesos. Para los bancos, las comunidades forestales no son buenos sujetos de crédito, pues no tienen garantías suficientes que ofrecer. Si bien esas comunidades cuentan normalmente con un capital natural importante (la madera en pie), ningún banco ha aceptado eso como garantía para un crédito.

En lugar de fomentar los esquemas formales de ahorro y préstamo y productos financieros adecuados, el gobierno canalizó miles de millones de pesos en subsidios a cadenas productivas que no producen, reforestaciones que no prosperan y pago por servicios ambientales que no se prestan.

3 Desarrollar un nuevo concepto de empresa forestal

Las organizaciones de productores y las organizaciones sociales rurales en México y América Latina tienden a ubicarse en los extremos, cuando se trata de definir una postura respecto al papel de las empresas sociales forestales (ESF). Algunos consideran que pensar en una empresa forestal equivale a mercantilizar a la naturaleza y al patrimonio de la comunidad, y ponerlo a merced de las fuerzas del capitalismo salvaje. Para otros, las ESF son la mejor fuente de negocios e ingresos de la comunidad, pero dicen que deben ser capitalistas despiadadas, maximizar sus ganancias y generar riqueza, con la esperanza de que una vez obtenidas las ganancias, fluirán con el tiempo por la economía local y habrá bienestar social, medido en términos de ingresos per cápita.

Entre los dos extremos, falta una visión clara del propósito de las ESF y qué requieren para florecer y multiplicarse. Mientras tanto, las ESF están estancadas y en algunos casos desvaneciéndose.

4 Desarrollar nuevos mercados

El enfoque centrado en pocos macizos forestales, la falta de productos y sistemas financieros adecuados a los niveles de riesgo de las ESF y la poca claridad de las propias ESF sobre su papel en el desarrollo de la comunidad, les ha impedido desplegar creatividad e iniciativa en el desarrollo de los mercados. Aparte de los mercados convencionales, en los que las comunidades forestales tienen poca participación y control, se han atendido poco otras áreas de mercado que tienen demanda importante, como son la de mueble popular (DIY), sistemas de vivienda mediante auto-construcción, o la de materias primas para precursores químicos, entre otras.

Al no generar beneficios sociales y no contribuir tangiblemente a mejorar el nivel de vida, se pierden y degradan los bosques en México. Es un círculo vicioso de empobrecimiento ecológico y social.

Los retos mencionados son ingredientes de un síndrome de desinterés de la población local por el cuidado de los bosques. Hay una percepción creciente de que el manejo y protección forestales son asunto de técnicos e instituciones especializadas, lo cual provoca que en las localidades forestales la gente pierda interés en el cuidado de los bosques. Mientras el gobierno concentra más atribuciones, se inhiben las iniciativas locales de cultivo del bosque. Con esta lógica, la deforestación se concentra fuera de los macizos y se da en el sur-sureste. Al paso que vamos, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Tabasco podrían perder prácticamente toda su cubierta arbolada en los próximos 50 años, según datos del Observatorio Forestal Mundial (GFW, tabla 2).

El reporte de incendios de la Conafor indica que el 50% se dieron fuera de los macizos y curiosamente en donde hay más oportunidades de organización social: Estado de México, Michoacán, CDMX, Jalisco y Chiapas concentran más de la mitad de los 6,506 incendios reportados al 13 de junio de 2019. En Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Durango, y Jalisco, se afectaron 248,300 hectáreas (51% del total nacional). En Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Michoacán, se quemaron 15,957 hectáreas de arbolado adulto y renuevo, 56% del total nacional.

Durante el sexenio de Peña Nieto se debió avanzar en detenerla deforestación, para llegar a 0% en el año 2025. Eso se ve difícil de alcanzar. Mientras que en el año 2000 la pérdida era de 158,000 hectáreas según el GFW, a fines del sexenio había SUBIDO a 299,000 hectáreas.

En el aspecto social, desatender el desarrollo de formas de aprovechamiento sostenible en la mayor parte de las áreas forestales del país, ha dado como resultado un estancamiento en las metas de desarrollo social en las zonas forestales, que ha ido de la mano de una degradación y pérdida de las áreas arboladas.•

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