omo nunca en la historia de nuestro país, se están realizando consultas a los pueblos y comunidades indígenas por el gobierno federal. Se realizaron para consultarles su opinión sobre la construcción del corredor transístmico, que de construirse conectaría al Golfo de México con el Océano Pacífico, lo mismo que para la integración del Plan Nacional de Desarrollo y está en curso una consulta para que opinen sobre la necesidad de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, ahora sí, reconocer plenamente sus derechos. Junto con estas consultas, que podríamos llamar de carácter general, existen otras, como la consulta para la elaboración de una Ley de Aguas que sustituya a la actual y así se dé cumplimiento a una reforma constitucional de 2012, es decir, de hace siete años, y también se está sometido a consulta la construcción del parque eólico Gunna Sicaru, en el municipio de Unión Hidalgo.

Como nunca este derecho se ha trivializado. Las autoridades responsables de ellas, sea la Secretaría de Hacienda, la de Gobernación o la de Energía, siempre con el acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no se han tomado ni se toman la molestia de guardar las formas; no se convoca sólo a los pueblos y comunidades indígenas para que ejerzan un derecho propio de ellos, sino a todos los ciudadanos que puedan tener interés o conozcan de asunto consultable; tampoco se ajustan a los lineamientos internacionales de observancia obligatoria, por más que se les cite como fundamento jurídico de las consultas. No son, pues, en estricto sentido, una consulta a los pueblos y comunidades con derechos, sino una forma de recoger opiniones sobre el tema de la población en general, lo cual no puede ser vinculante y nadie podrá alegar que no se recogen sus propuestas.

Además, se consulta lo que ya se sabe. No se trata de tomar determinaciones con relación a lo que opinen los pueblos y comunidades indígenas, sino de legitimar lo que de antemano se ha decidido. Por eso muchos se abstienen de participar. Pero hay otros que aun así han decidido hacerlo porque, dicen, no se puede dejar el espacio para que las autoridades y sus seguidores hagan lo que quieran, sienten que, aunque amañadas, en las consultas debe quedar el sentir de los pueblos. Así, asisten y dicen su palabra y hacen el esfuerzo porque quede en los documentos. Eso los más avezados, porque muchos de los que asisten no saben el motivo de las reuniones, ellos van porque les dijeron que ahí se iban a recoger las demandas de apoyo. Quién sabe si sean conscientes, pero con esa actitud, quienes realmente se organizan para decir su palabra pueden deslegitimar a quienes buscan la aprobación de sus programas.

Pero asistir y decir lo que se piensa no es suficiente, hay que saber lo que dice. Por ejemplo, para que los derechos que eventualmente se llegaran a reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no parezcan un parche mal puesto, se deberían reconocer derechos sustantivos y junto a ellos establecer las instituciones obligadas a cumplirlos, para que no suceda como hasta ahora, que muchos de los derechos reconocidos no pueden ejercerse porque no existe institución responsable de ejecutarlos. En la convocatoria a la consulta existen 16 puntos consultables pero no es necesario disgregar tanto, son tres o cuatro temas los que más interesan: autonomía plena, territorios indígenas y recursos naturales, derechos políticos amplios para que dejen de tener como límite el municipio y propiedad intelectual, entre los centrales, los que no se pueden dejar de lado, y hay que decirlo, los que el gobierno siempre se ha negado a cumplir.

Los pueblos y comunidades indígenas, igual que sus representantes, deben estar conscientes que con los vicios de origen de la convocatoria es probable que sus propuestas no queden bien plasmadas, pero si quedaran todavía falta saber cómo se van a procesar los resultados para la elaboración de la propuesta de reforma y, más importante todavía, quién la va a operar para que se apruebe. En lo que va del nuevo gobierno se han presentado alrededor de una docena de iniciativas para reconocer derechos indígenas y ninguna ha sido aprobada; unas ya fueron desechadas, mientras otras se resolvieron negativamente y unas más no han sido dictaminadas, lo que demuestra que los derechos indígenas no son una prioridad para el Poder Legislativo. Por eso, para no resultar frustrados, quienes se abstienen y quienes participan no deben olvidar que lo importante sigue estando en la organización para seguir en la lucha por los derechos.