ntes de que los aires de cambio llegaran al Conacyt, un reducido número de personas y grupos tenía el control del sector: una combinación de corporativos, con comisionistas y testaferros incluidos, eran los verdaderos amos de la ciencia y la tecnología, en contubernio con científicos más o menos prestigiosos y ex servidores públicos convertidos en políticos, consultores y gestores privados de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

La aplicación discrecional del actual marco jurídico y las prácticas contra legem imperantes en el sector daban sostén a la casta divina. No es de sorprender que los cambios legislativos que apuntan a desarmar los privilegios y mecanismos de transferencia de recursos públicos a agentes privados causen alboroto y provoquen jaloneos entre los integrantes más conservadores de la comunidad CTI.

Por supuesto, la participación plural e incluyente en la formación de políticas públicas y normatividad es fundamental. Adentrarse en un proceso legislativo promoverá que, dentro o fuera del Congreso, los diversos actores tengan oportunidad de expresar sus demandas y aportaciones, pero también permitirá que la ciudadanía, así como científicos y tecnólogos de a pie, intervengan en la reconfiguración de un sector alejado de las bases sociales y los procedimientos democráticos.

Al respecto, salvo valientes excepciones, las opiniones de juristas y politólogos expertos han sido hasta ahora superficiales y sesgadas. No puede ser de otra manera cuando la ética profesional se rige por el oportunismo ni cuando la defensa de intereses mezquinos se reviste de falsa objetividad científica y supuesta imparcialidad política.

La forma de gobernanza excluyente que ha imperado en el sector y la profunda manipulación epistémico-conceptual que rige el discurso cientificista neoliberal dan cuenta de la concentración real de poder que operó a través de una compleja red de corrupción y simulación de contrapesos democráticos al interior del Sistema Nacional de CTI, así como de los límites prácticos de la libertad de investigación bajo condiciones que, en nombre de la innovación y la competitividad, supeditaron su ejercicio a las necesidades del mercado capitalista global.

El centralismo autoritario y el sesgo ideológico de la política de ciencia y tecnología que desde los medios y las redes sociales se han denunciado como un futuro inminente de aprobarse cambios profundos en la legislación actual, más bien caracterizan la realidad efectiva del sector en años previos, y es que las críticas dirigidas a la política y a las propuestas de la 4T en el sector le acomodan bien a las leyes vigentes y a los usos de la decadente élite científica y tecnológica del neoliberalismo mexicano.

No obstante, lo más importante es que los voceros del statu quo no distraigan la atención de la ciudadanía y de la comunidad científica del centro de la controversia: la legitimidad de los mecanismos legales vigentes de financiamiento de ciencia y tecnología que por años han favorecido intereses privados, pero que no contribuyeron sustancialmente al desarrollo nacional ni redundaron en el beneficio de la sociedad. Es indispensable que las autoridades competentes revisen escrupulosamente el uso que se le dio a los fideicomisos públicos en el sector.

Por supuesto, la investigación y el desarrollo tecnológico que apoya el Estado con recursos públicos no pueden dejarse a la discreción absoluta del sector privado ni someterse a las exigencias abstractas del mercado, menos aún pueden desentenderse del interés público o del bienestar social.

En los ejes rectores del nuevo Conacyt se proyecta un escenario de ciencia comprometida con la sociedad, el ambiente y la biodiversidad del país mediante el impulso efectivo a la investigación de frontera, el fortalecimiento de la comunidad científica, el apoyo a proyectos nacionales estratégicos de ciencia y tecnología, así como al desarrollo de fuerzas productivas nacionales, la transferencia tecnológica y la apropiación social de la ciencia.

El diálogo de saberes, la soberanía tecnológica y el direccionamiento del capital científico y tecnológico nacional hacia la gestión de asuntos públicos, constituyen una sólida base sobre la cual el gobierno federal podrá enfrentar los retos sociales, económicos y ambientales más acuciantes del país.

La comunidad CTI sabe que las cosas han cambiado y que su participación comprometida es esencial para consolidar la transformación del sector. Ojalá que también los abogados e ideólogos del cientificismo formalista entiendan que estamos en un nuevo régimen, pues su necedad no es más que un indicador contundente de la crisis de un modelo de sociedad que pretendió robarle el futuro a millones de mexicanos.

* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.