Con la segmentación de delitos en tres categorías, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) busca recuperar la confianza de la ciudadanía, aumentar las denuncias y abatir la cifra negra, que es enorme, por lo que muchos delitos quedan impunes, pues el actual modelo de política criminal ha fracasado, afirmó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

En la inauguración del primer foro de fortalecimiento hacia la fiscalía general de justicia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAMI), reconoció que de los pocos delitos que se denuncian, hay un porcentaje muy pequeño que se resuelve, por lo que el que mata o secuestra no es sancionado.

Mientras, el abandono de la lucha contra el narco convirtió al país en un cementerio, por lo que se mantiene un combate frontal contra la corrupción y contra quienes protegen a estos grupos delincuenciales en la ciudad, señaló.

Con una nueva política criminal se busca atender las denuncias anuales que se presentan –alrededor de 280 mil– de manera diferenciada, con base en sus características y tipología, pues tenemos una atención masiva y es materialmente imposible atenderlas, afirmó.

Ante directivos de la UAMI, funcionarios y alumnos, aclaró que ninguna denuncia presencial o las 36 mil que capta el Ministerio Público (MP) virtual dejarán de atenderse, pero se hará de forma segmentada.

En un primer bloque se ubicarán las carpetas de investigación de delitos de bajo impacto, donde el imputado se desconoce o conoce a medias, y que representan entre 50 y 75 por ciento de los casos, según la alcaldía, que suman este año 138 mil denuncias.

Con los datos proporcionados por las víctimas se establecerá el modus operandi, horarios y días para realizar acciones de prevención, como senderos seguros, colocación de cámaras y GPS en unidades del transporte público y recuperar espacios públicos.

Las carpetas donde los imputados son conocidos, que representan entre 18 y 32 por ciento de los casos, entrarían en un segundo paquete, donde se ofrecerá la mediación como solución, aunque hay resistencia para utilizarlo.

De esta manera, el trabajo de investigación se enfocará a la resolución de los delitos de alto impacto, muchos de los cuales no han sido resueltos, para lo cual se impulsará la profesionalización de los agentes del MP, indicó.

Por su parte, la presidenta de la comisión técnica para la transición de la PGJ hacia la fiscalía general de justicia, Ana Laura Magaloni Kerpel, reconoció que el desafío no es menor, cuando ésta sirvió como instrumento de control político y para administrar o vender impunidad.

Anticipó que la transición será complicada, larga y gradual, donde el personal no pasará en automático, sino que se definirán nuevos perfiles y capacidades.