El paquete de reformas al Código Penal local que envió el Gobierno de la Ciudad de México al Congreso capitalino endurece las penas a los delitos de robo en todas sus modalidades, homicidio, feminicidio, extorsión y despojo; además, impone una sanción de 90 días de trabajo comunitario a quien cometa un delito contra un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, independientemente de la pena que corresponda a la falta cometida.

La iniciativa entregada ayer por la secretaria de Gobierno capitalina, Rosa Icela Rodríguez, al presidente de la mesa directiva del órgano legislativo, Jesús Martín del Campo, prevé reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de dicha normatividad.

En el caso de reincidencia, también prevé endurecer la pena en dos terceras partes cuando se cometa de nueva cuenta un ilícito de la misma naturaleza o de mayor gravedad que el anterior; en los casos de ilícitos no graves el incremento de la sanción será de una tercera parte.

Asimismo, establece que a los reincidentes se les negará el beneficio de conmutar una sanción de cárcel por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad. En el caso de la primera, se podrá sustituir por 90 días de trabajo.

En el caso de los agentes de seguridad, la iniciativa propone que aquel que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años, además de ser destituido e inhabilitado de tres a 10 años.

El feminicidio y el homicidio doloso se castigarán con una pena de 20 a 50 años de prisión. Cuando la víctima sea algún integrante de las instituciones de seguridad ciudadana se agravará en una tercera parte.

Las penas por robo irán desde multas económicas hasta 14 años de prisión, según la cuantía de lo hurtado, e incluye los tipos de a casa habitación, de vehículo, a transeúnte, de teléfonos celulares, tabletas, computadoras y a cuentahabiente, entre otros. La pena se incrementarán en tres años cuando el robo se cometa con violencia física o moral o por una o más personas armadas.

Para la extorsión se impondrán de cinco a 10 años de prisión, con un incremento de un tercio de la sanción cuando se cometa contra una persona mayor de sesenta años de edad, y se duplicará cuando el delito se realice por un integrante en activo o no de alguna corporación de seguridad.

Por lo que hace al despojo, la pena será de cinco a ocho años de prisión y cuando lo realicen más de tres personas se impondrá a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de seis a 10 años. Si la víctima es una persona mayor de sesenta años o con discapacidad, se incrementará en una tercera parte. La reincidencia se castigará de 12 a 16 años.

Rosa Icela Rodríguez también entregó la iniciativa de ley de seguridad ciudadana en la que se establece la creación de gabinetes de seguridad tanto del gobierno central como de las demarcaciones, así como las bases del servicio profesional de carrera de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y la creación de comisiones para atender abusos y agresiones a las mujeres dentro de esas dependencias.