El juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México negó citar a comparecer al ex presidente Enrique Peña Nieto; al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y a otros siete ex funcionarios en calidad de testigos por el caso de Agronitrogenados, por el que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrenta una orden de aprehensión.

Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, señaló que impugnará el fallo. En un comunicado indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) indebidamente solicitó una orden de aprehensión en contra de mi representado Emilio Ricardo Lozoya Austin, en lugar de conducirlo al procedimiento mediante citatorio, situación que evidentemente generó que mi defenso no tuviera oportunidad de ofrecer sus datos de prueba, ya que de haberlo citado hubiera acontecido.

Aseguró que es claro que ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio, por lo que en tiempo y forma se presentará el recurso de queja para que un tribunal colegiado del primer circuito en materia penal lo estudie y resuelva.

En el caso de Peña Nieto, el planteamiento de la defensa de Lozoya era que mencionara las órdenes que como mandatario le dio para que apoyara y lograra acuerdos con legisladores y partidos dentro del Pacto por México, lo que habría dado impulso a la producción de petróleo y otros insumos industriales.

La juez federal Luz María Ortega Tlapa rechazó ayer aceptar las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Lozoya Austin, con el cual busca combatir la orden de captura que se libró en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la presunta entrega de un soborno por la compraventa que la petrolera hizo de la empresa Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México.

La semana pasada Coello Trejo hizo la solicitud formal al juzgado octavo de distrito para que citaran a comparecer a los ex funcionarios y también a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex que participaron en la aprobación de la compra de esa empresa, que se formalizó en 2013 con un sobreprecio de más de 200 millones de pesos.