La comunidad de Nahuatzen, ubicada en la región de la meseta purépecha, en Michoacán, ha sido víctima de intimidación y hostigamiento político desde que en 2017 se reconoció legalmente como única autoridad al Concejo Ciudadano Indígena de esa población.

Así lo denunciaron integrantes del concejo, quienes señalaron que como parte de esa campaña en su contra, promovida por los gobiernos estatal y municipal, fueron detenidos dos de sus miembros y el hombre que rentó la casa para que se estableciera esa instancia de gobierno autónomo.

Roberto, concejero de Nahua-tzen, refirió en entrevista con La Jornada que desde hace varios años la región ha sido asolada por la violencia, la destrucción de bosques, robos, asesinatos y secuestros, donde la falta de voluntad del gobierno y su presumible complicidad con el crimen organizado orillaron a los habitantes a organizarse para protegerse a sí mismos y formar sus propias autoridades originarias.

En ese contexto, en 2015 se conformó el Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, integrado por cuatro representantes de cada barrio de la comunidad. Tras un proceso institucional, en 2017 el Tribunal Electoral de Michoacán y el gobierno federal reconocieron a la autoridad comunitaria como resultado del juicio ciudadano TEEM-JDC-035/2017.

Esta victoria fue desde el principio mal vista por los gobiernos estatal y municipal, quienes a partir de entonces mantienen una campaña de desprestigio, hostigamiento, amenazas y represión, denunció Servicios y Asesoría para La Paz, organización que ha acompañado a la comunidad de Nahuatzen.

Roberto indicó que como parte de esas acciones contra su comunidad, en noviembre pasado fueron detenidos José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, miembros del Concejo Ciudadano Indígena, y José Gerardo Talavera, propietario de la casa que sirve de sede a la autoridad comunitaria, acusados de la presumible comisión de robo, robo calificado y sabotaje.

Aclaró que sus compañeros están presos por defender los derechos humanos, por crear condiciones dignas para la vida de la comunidad y por defender la vida a través de la organización comunitaria.

Exigió un juicio justo para los tres detenidos, ya que no hay fundamento ni ninguna prueba para mantenerlos en prisión por los delitos de los que se les señala.

La semana pasada, dijo, se esperaba la audiencia en la que se presentarían las pruebas en favor de los tres acusados, pero, sin explicación alguna se canceló y ahora se está a la espera de una nueva fecha.