El sector privado advirtió que hay una probabilidad considerable de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pierda el arbitraje en instancias internacionales de Reino Unido y Francia sobre la modificación de cláusulas de siete contratos para la construcción de gasoductos.

Si eso ocurre, además de que la CFE terminará pagando daños a las empresas contratistas, corre el riesgo de enfrentar otros procesos legales, como controversias inversionistas-Estado, que podrían interponerse en su contra invocando los acuerdos de protección a la inversión que México suscribió en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos comerciales bilaterales vigentes, puntualizó el empresariado en el análisis semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

La experiencia en los arbitrajes internacionales, indicó, demuestra que existe predisposición en favor de la certidumbre de los contratos, así que lo mejor es que ambas partes alcancen una solución antes de entrar en el proceso de arbitraje, más allá de discusiones estériles que agudizan diferencias y resentimientos. Además, el entorno actual no es el mejor para agudizar diferencias, porque siguen deteriorándose las expectativas económicas y aumenta la incertidumbre.

Normalmente los arbitrajes en ese tipo de contratos se presentan cuando hay diferendos en la interpretación o el cumplimiento de lo pactado, más que para modificar lo pactado. De acuerdo con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE, dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre de los contratos, afirmó el Ceesp.

Indicó que en algunas cláusulas contractuales se establece que la CFE está obligada a pagar a los contratistas parte de la tarifa del transporte acordada por el tiempo de retraso si las obras no concluyen a tiempo por causas de fuerza mayor y ajenas a las empresas. El Ceesp consideró que esto puede resultar oneroso, porque seis de los siete contratos no se han concluido y registran importantes atrasos que implican un costo de 840 millones de dólares.

Sin embargo, señaló que las autoridades también tuvieron responsabilidad en el retraso de la construcción de los gasoductos, porque no garantizaron las condiciones adecuadas para ello.

Independientemente de que haya sido el gobierno anterior el que firmó los contratos, aseveró que cuando ocurrió se preveía que las condiciones políticas y sociales permitirían su cumplimiento, pero las condiciones se fueron enrareciendo después de que las obras comenzaron, entre 2014 y 2016, de tal manera que la combinación de las acciones de grupos políticos, sociales y organismos ambientalistas en contra de estas obras aumentaron y se reflejaron en el retraso de los proyectos.

Así que, sentenció, hubo responsabilidad de las autoridades por la imposibilidad o falta de voluntad para generar un ambiente propicio para los negocios, así como un sistema regulatorio eficiente y un sólido estado de derecho que privilegiara las reglas del juego y que de existir o cumplirse habrían contribuido a un mejor desempeño de los proyectos.

Además, si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, se mermará la confianza de los inversionistas a consecuencia de la falta de certeza jurídica, lo que a su vez traerá efectos negativos en el crecimiento económico del país, en el abasto de gas y la generación eléctrica para las actividades productivas del país.