La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que en un hecho sin precedentes se judicializó el caso del inmueble de la calle Baja California número 370, en la colonia Hipódromo, cuyos desarrolladores construyeron de manera ilegal 23 metros adicionales a la altura permitida, equivalente a siete pisos.

El director responsable de obra (DRO) y el representante de la empresa moral propietaria del edificio de 15 niveles fueron vinculados a proceso a mediados del mes pasado, lo que implicaría una pena privativa de la libertad, señaló la titular del organismo, Mariana Boy.

Con la ampliación de la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por violaciones a diversas disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano, se busca además la aplicación de una sanción económica a la empresa basada en su ingreso diario.

Se trata, destacó, de la primera de 500 denuncias penales presentadas desde 2002 que se lleva ante un juez penal, por la estrecha relación que se tiene con la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur).

El 10 de abril de 2017 la PAOT emitió una resolución administrativa en la que dejó constancia de que la obra contaba con 47 metros de altura con 15 niveles, y presentó una denuncia penal ante la Fedapur el 25 de julio de ese mismo año.

Además, solicitó la custodia de folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para evitar cualquier transacción comercial del inmueble; por su parte, el Instituto de Verificación Administrativa clausuró la obra y multó al desarrollador.

En junio de ese año se inició un juicio de acción pública y fue hasta abril pasado cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México le notificó la sentencia firme con que se ordena la demolición de los siete pisos excedentes construidos de manera ilegal.

La denuncia penal no había procedido, pero el mes pasado el Ministerio Público judicializó el asunto y vinculó a proceso al DRO y al representante de la persona moral propietaria del inmueble –aledaño al departamento donde fue asesinada la líder vecinal Cristina Vázquez, y que fue utilizado para ingresar a su edificio–, puntualizó.

Confío en que este caso siente un precedente para que algunos desarrolladores observen las consecuencias jurídicas que contempla la ley cuando incurren en irregularidades, y entonces sí combatir la notoria impunidad.

En otro orden, con el apoyo de elementos de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana locales, la Fedapur recuperó un departamento y dos locales comerciales invadidos de forma violenta por varios grupos que incluso amenazaron de muerte a sus dueños, en la colonia San Simón Tolnahuac.