ada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal.

Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián.

Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos.

Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo.

La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado.

Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial.

Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla.

Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso.