ue los aparatos armados del Estado están fuera de control, en todo el mundo, es un hecho indudable. Sucede en las viejas potencias decadentes (Estados Unidos y Europa), en las mal llamadas emergentes (Rusia y China) y, por supuesto, en nuestra América Latina. Los hechos comprobados llaman la atención.

Incluso en la muy democrática Alemania se puede constatar una alianza de la ultraderecha, responsable de 80 asesinatos desde la reunificación, con elementos de la policía, el ejército y la judicatura (bit.ly/2NygEsw). La alianza de hecho es tan evidente, y de tanto tiempo, que en rigor habría que decir que los aparatos armados del Estado están utilizando a la extrema derecha como expresión político-electoral de sus intereses.

Un informe de los periodistas de Redaktions Netzwerk Deutschland concluye que los ultras alemanes no son sociópatas, sino militares y policías, en especial miembros retirados y en activo de comandos especiales de asalto.

En Grecia la relación entre Amanecer Dorado y la policía está más que comprobada. En las elecciones de 2012, uno de cada dos agentes de Atenas votó a la formación nazi, pese a que el partido ultra apenas superó 7 por ciento de los votos totales ((bit.ly/2XRZsT2). Ese mismo año, miembros del partido ultra y antidisturbios realizaron una carga conjunta contra una protesta antifascista en Komotin, así como en otras ciudades.

En América Latina ha sido documentada de forma fehaciente la participación de miembros de los aparatos armados del Estado en la violencia contra los sectores populares y en la criminalización de la protesta, así como la evidente complicidad del sistema de justicia. En Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala y México, estos hechos no admiten dos lecturas. Los cuerpos armados son, además, cómplices de los grupos paramilitares que en no pocos casos integran de forma directa.

Lo que me parece singular es que el fenómeno se registre en todo el mundo. En América Latina adquiere perfiles genocidas, mientras en otros continentes el fenómeno tiene un carácter menos estridente. Lo que indica una tendencia de fondo, es lo que sucede en un continente como Europa, donde el sistema democrático había mostrado ser algo más que una formalidad legalista.

Llegados a este punto, me interesa destacar las causas de la creciente militarización de nuestras sociedades y, en paralelo, el que los cuerpos armados del Estado hayan adquirido cierta autonomía y se encuentren fuera del control del poder político. Lo que no quiere decir, en absoluto, que el poder sea neutral en los procesos de militarización/policialización en curso.

El primer punto es que se trata de una realidad estructural, siendo una de las características centrales del capitalismo en su etapa de decadencia o, si se prefiere, en un periodo en el cual se comporta como tormenta/tsunami dispuesto a arrasar a los sectores populares para estirar su decadencia.

Vivimos bajo la acumulación por despojo/robo o cuarta guerra mundial contra los pueblos, que consiste en despejar territorios para despojar los bienes comunes al convertirlos en mercancías, como lo han explicado varios analistas y movimientos del mundo, entre ellos el EZLN. El Estado es el guardián de esta acumulación/guerra y la militarización es la forma de aceitarla.

El segundo punto es que al ser una característica estructural, los gobiernos hacen poco o nada para modificarla. En general, se han limitado a seguir la corriente con la aprobación de leyes antiterroristas en casi todos los países de la región. En los casos de Argentina y Brasil, estas leyes fueron impulsadas por los gobiernos progresistas de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Esto enseña que la diferencia entre conservadores y progresistas es más pequeña de lo que suele creerse.

No obstante, debe decirse que algunos gobiernos (como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro) han creado las condiciones para que los cuerpos armados del Estado tengan las manos libres para ejercer violencia contra los de abajo. En todo caso, es una cuestión de énfasis: la violencia contra las mujeres y contra los sectores populares es inseparable del modelo extractivista hegemónico.

Por lo tanto, no saldremos de esta espiral de violencia eligiendo nuevos gobernantes, sino por dos caminos: la organización extensa e intensa de los de abajo y el fin del extractivismo, o sea de la minería a cielo abierto, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura y la especulación con el suelo urbano.

El tercer punto es comprender a quiénes beneficia la existencia de fuerzas armadas y (para) policiales relativamente autónomas, dispuestas a violentar a los pueblos. Beneficia al Estado y a la clase social que lo necesita para seguir adelante con su acumulación mediante la guerra. Si algo comprendieron los de arriba es que sólo podrán sobrevivir con un Estado fuerte: o sea, con aparatos integrados por hombres armados, más allá del nombre que les pongan.