Caracas. En un informe que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que tiene una visión selectiva y abiertamente parcializada, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró ayer que hubo 7 mil ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado y medio en la república bolivariana, la mayoría atribuidas a fuerzas de seguridad.

La alta comisionada pide en sus conclusiones la disolución de las fuerzas especiales, a las que acusa de perpetrar la mayor parte de las 5 mil 287 muertes extrajudiciales, registradas por las autoridades, cometidas supuestamente por resistencia a la autoridad, durante operaciones policiales en 2018.

El reporte indica que entre el primero de enero y el 19 de mayo el gobierno contabilizó otras mil 569 muertes, y aunque destacó que fuentes extraoficiales apuntan que las cifras podrían ser superiores.

Los resultados de esta investigación, elaborada entre enero de 2018 y mayo de 2019, se hicieron, sólo con 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, así como en otras fuentes, en Venezuela y otros ocho países.

Bachelet y su equipo de trabajo tuvieron cerca de 160 reuniones con actores del Estado, entre ellos Maduro, y de otro tipo, principalmente con líderes opositores, durante su visita a esta capital, hecha del 19 al 21 de junio pasados. Maduro se comprometió a tomar las sugerencias, recomendaciones y propuestas de la comisaría.

El documento, presentado por la ex presidenta chilena ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, añade que hasta el 31 de mayo había 793 personas privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente (el opositor Juan Guaidó), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Resalta que “los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como ‘colectivos’, han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”, por lo que deben desarmarse y disolverse.

Agrega que el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria, aunque subraya que, si bien Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo (impuestas unilateralmente por Estados Unidos) están agravando los efectos.

Acusa al gobierno bolivariano de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica.

Un borrador no editado del informe final fue enviado el 28 de junio pasado por el departamento de Bachelet a las autoridades venezolanas, quienes presentaron consideraciones y errores de hechos.

La cancillería venezolana indicó que son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la alta comisionada, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles.

En una reseña del informe, en la que hace 72 observaciones, la cancillería señala que el reporte presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela, por la que solicitó a la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores.

En tanto, la organización Víctimas de las Guarimbas expresó en Twitter que “el informe invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la Oficina de la alta comisionada en relación con Venezuela, pues no incluyó las denuncias de ataques de opositores a chavistas.