Buenos Aires. La sala uno de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios de su gobierno por presunta asociación ilícita y por supuestamente haber recibido sobornos de empresarios del transporte ferroviario, todo esto en el contexto de la llamada causa de las fotocopias de cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Producción, que éste quemó, por lo cual desde el punto de vista jurídico es una causa forzada, como varias de las que han debido cerrar por falta de pruebas.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio de Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ya presos por otros expedientes.

La Cámara dejó fuera de la acusación a los empresarios procesados por el juez Claudio Bonadio. El criterio seguido es que quienes pagaron los sobornos no eran parte del grupo de ex funcionarios kirchneristas.

En este caso se deja afuera a los arrepentidos que declararon –como sugirió e impuso Bonadio– contra la ex mandataria o sus funcionarios y quedaban libres. Los que se niegan a hacerlo quedan detenidos.

Esta es parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex chofer Óscar Centeno, quien trabajaba para el subsecretario de Planificación, Roberto Baratta, que según dice cobraba personalmente el pago de los sobornos, lo que él escribió en los cuadernos en cuestión que después de fotocopiar quemó.

En estos momentos la ex presidenta ha recibido apoyo multitudinarios en cada provincia que visitó en Cuba, adonde viajó para estar con su hija Florencia, bajo atención médica en ese país.

Por otra parte, Pablo Verna, hijo del médico y ex capitán Julio Alejandro Verna, declaró como testigo en el juicio oral por la llamada contraofensiva de militantes montoneros, que entre 1979 y 1980 fueron secuestrados y llevados con vida a Campo de Mayo y luego desaparecidos.

Verna dijo que su padre admitió en privado, pero nunca ante la justicia, que participó en los vuelos de la muerte inyectando tranquilizantes a las víctimas para adormecerlas antes de arrojarlas desde un avión al mar.

El declarante, un abogado de 44 años, pertenece al colectivo Historias Desobedientes, que integran hijos de militares y policías, responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura, que se enteraron de lo actuado por su padres y algunos fueron también víctimas de malos tratos por éstos.