l presidente Andrés Manuel López Obrador acordó ayer la instalación de una mesa de diálogo con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios para resolver los diferendos surgidos con la iniciativa privada a raíz de la decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de inconformarse con los contratos de siete gasoductos suscritos durante la administración anterior y someterlos a arbitraje.
Según el titular de la CFE, Manuel Bartlett, los procesos de arbitraje impugnados por el sector privado se solicitaron como medidas espejo a los procesos interpuestos previamente en cortes internacionales por IEnova, TCEnergy, Transcanada, Carso Energía y Fermaca. Desde febrero pasado el funcionario informó que los múltiples abusos contenidos en las cláusulas de esos contratos –por los cuales la paraestatal paga la construcción y el arriendo de la infraestructura, pero ésta es entregada en propiedad a los agentes privados– tienen a la comisión prácticamente en la quiebra
.
En primera instancia, cabe celebrar la determinación del gobierno federal para revisar y renegociar unos contratos que resultan a todas luces lesivos para el interés nacional tanto a corto como a largo plazo y constituyen una muestra de los niveles de corrupción alcanzados entre altos funcionarios de las administraciones pasadas, cuyas decisiones implican daños incuantificables al erario y a las finanzas de la empresa productiva del Estado. Asimismo, debe aplaudirse el principio de entendimiento entre el gobierno y los representantes de la cúpula empresarial para impulsar la transparencia y resolver las controversias por la vía del diálogo.
Sin embargo, subsisten al menos dos problemas a los que inevitablemente habrá de darse cauce. El primero es referente a los conflictos sociales detonados en las poblaciones a través o cerca de las cuales habrán de correr los gasoductos: si bien no es el caso del que va de Texas a Tuxpan, Veracruz, por ser una instalación submarina, sí lo es el de obras como la construida alrededor del Popocatépetl, en el contexto del Proyecto Integral Morelos, la del corredor Tuxpan-Tula (ambas detenidas por vía de amparo) o las de Encino-Topolobampo, todas las cuales enfrentan movimientos de resistencia social debido a la expropiación de tierras, los riesgos inherentes a este tipo de infraestructuras o su impacto ambiental.
Queda claro que, más allá de los acuerdos a los que lleguen gobierno e iniciativa privada en el tema puntual de los contratos, los pueblos y sus reclamos no pueden pasarse por alto al decidir sobre los proyectos energéticos actuales o futuros. A lo anterior se suma el problema de la dependencia energética. En efecto, el modelo energético legado por el régimen anterior privilegió el desarrollo de centrales de generación eléctrica que operan con gas natural importado, lo cual llevó a un descuido sistemático de instalaciones hidroeléctricas que hoy se encuentran en condiciones deplorables, al tiempo que incrementó la dependencia nacional de un recurso traído del extranjero y sobre cuyo abasto no existe, por ende, control nacional.
Es evidente que el Estado debe recuperar el control sobre este sector estratégico para garantizar la soberanía y la seguridad nacional, y esto puede lograrse mediante medidas temporales –como el impulso a la producción de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos–, recuperando la capacidad de producción hidroeléctrica e incluso geotérmica, o –de manera ideal– mediante una transición energética hacia energías limpias y renovables en un modelo de generación distribuida.
En suma, parece sensato que se revisen los contratos existentes para la instalación de gasoductos y que, si se revela necesario construir otro en el futuro, éste se haga con el único fin de distribuir los recursos generados dentro del territorio nacional, pues no es aconsejable ni pertinente depender del gas natural importado. Y queda igualmente claro que debe darse impulso a la transición energética.
