El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Extinción de Dominio, un ordenamiento que permitirá al Estado mexicano disponer con celeridad de los bienes obtenidos de forma ilícita por miembros del crimen organizado, y de aquellos que provengan de hechos de corrupción y encubrimiento cometidos por servidores públicos.

La reforma busca pegarle al crimen organizado en lo que más le duele, en el dinero, y rescatar los 50 mil millones de dólares anuales que obtiene en ganancias la delincuencia organizada”, resaltó el senador del PAN, Damián Zepeda.

Con esta ley, sostuvo en tribuna el senador de Movimiento Ciudadano Samuel García, “será una realidad ir por la casa blanca de Grupo Higa, o ir por cuanta propiedad, bien mueble, inmueble o cuenta bancaria haya sido adquirida en el pasado porque por fin y con vanguardia hemos tomado conceptos de la ONU y de la OCDE.

Por ejemplo, esta figura sí va a aplicar de manera retroactiva sobre actos de corrupción del pasado, esta figura va a ser imprescriptible, porque hay una máxima, cuando alguien tiene un bien ilícito ni la herencia ni la muerte ni sus hijos ni nietos pueden disfrutar lo que se robó o lo que sacó de la corrupción.

García destacó que ya no habrá secreto fiscal, bancario, cambiario y tributario, esos fantasmas de esos blindajes legales, para no poder obtener información, se quitan.

En el dictamen se asienta que será imprescriptible e independiente del proceso penal que se siga al dueño del bien en cuestión, por lo que el Estado podrá vender éste de forma anticipada, previo a la emisión de la sentencia definitiva.

Entre las modificaciones que se realizaron al dictamen se eliminó el nombre del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado y quedó y su denominación Instituto de Administración de Bienes y Activos.

Se podrá aplicar la extinción de dominio a tierras ejidales y bienes utilizados para cometer algún ilícito por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo nada para impedirlo.

El dictamen incluyó cambios de última hora, que Morena convino con el bloque opositor, encaminados a garantizar que se puedan atacar las finanzas del crimen organizado al quitar propiedades y bienes producto de narcotráfico, huachicoleo, trata de personas, secuestro, robo de vehículos y extorsiones, con la salvaguarda de los derechos humanos de los ciudadanos que se pudieran ver afectados.

Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, Julio Menchaca y Ana Lilia Rivera, presentaron por la mañana el dictamen, en el reinicio del periodo extraordinario, pero ante el reclamo de la oposición de que no se habían integrado los cambios acordados, se pospuso la discusión y se reinició seis horas después.

Entre los cambios centrales incluidos al proyecto está la definición de buena fe en la adquisición o destino de un bien, concretada en que se deberá constatar su propiedad anterior a la realización del ilícito y el pago de impuestos y contribuciones.

La senadora priísta Claudia Anaya resaltó: Tendremos fiscales especializados para el tema de extinción de dominio, pero en el caso del Poder Judicial sería para el juez competente en la materia, no serán juzgados especializados, y se incorporó al dictamen la caducidad de 10 años para que el Ministerio Público ejerza la acción de extinción de dominio, manteniendo la característica de que es imprescriptible el delito.