l viernes pasado acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien hizo una amplia exposición de las condiciones en las que encontró a esta dependencia y describió algunas acciones que ya ha iniciado y las que llevará a cabo en adelante. En la parte diagnóstica, afirmó que en el sexenio pasado se realizó una transferencia de los recursos de este consejo al sector privado por más de 35 mil millones de pesos, a lo que me referiré al final. Además, ofreció una explicación según la cual, la justificación del gobierno anterior para canalizar a las empresas estos recursos, fue una política orientada a fomentar la innovación que fracasó. Para ello recurrió a los datos del Índice Global de Innovación (IGI) que desde hace varios años elaboran la Universidad Cornell, la Escuela de Negocios Instead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Su planteamiento fue el siguiente: entre 2013 y 2018 se transfirieron recursos a las empresas con la justificación de incentivar la innovación. Pero, si bien el gasto de México ganó siete lugares a escala mundial, al pasar de la posición 63 a la 56, la eficiencia bajó, pues pasó del sitio 56 al 72. El aumento del gasto y la eficiencia baja –dijo– sugiere que hay una fuga de recursos o algo más activo que una fuga. En síntesis, se transfirió mucho dinero a la iniciativa privada y ni siquiera se logró aumentar la eficiencia de la innovación. Interesante, si no fuera por que los datos presentados en algunos casos son falsos y sus interpretaciones completamente erróneas.

Efectivamente, México avanzó siete posiciones al pasar del lugar 63 al 56 en el IGI, lo cual es una muy buena noticia, pues este dato es el resultado final dentro del ranking global que compara a 126 países. No es el gasto en ciencia, tecnología e innovación (CTI), como lo presentó la titular del Conacyt. La posición en el ranking es el resultado de dos conjuntos de elementos. Estos incluyen, por una parte, las entradas o insumos para la innovación (instituciones, capital humano, recursos para la investigación, infraestructura y la sofisticación de los negocios y el mercado) y por otra parte las salidas o productos (que incluyen la creación, impacto y difusión del conocimiento y los productos creativos como activos intangibles y la creatividad en línea). Cada apartado incluye una diversidad de temas, por lo que la posición final en el ranking es resultado del análisis de aproximadamente 80 indicadores.

El resultado final no depende sólo del gasto o las políticas en CTI, pues califica aspectos como la seguridad y la estabilidad política, el acceso a tecnologías de información y comunicación, o la escala de los mercados y el grado de competencia, entre otros aspectos. Así, la calificación depende del medioambiente que rodea a la innovación en cada nación en particular. Por otra parte la eficiencia es el resultado de la relación entre los insumos descritos y las salidas o productos, que da como resultado un índice que es un elemento más que se considera para establecer la posición final en el ranking, y puede subir o bajar dependiendo de factores internos o por movimiento de otras naciones. Es cierto que entre 2013 y 2018 la eficiencia bajó en nuestro país. Pero para evaluar adecuadamente estos datos sería más justo comparar a México con economías semejantes.

En ese periodo la posición de México en el ranking pasó del lugar siete al tres en América Latina y el Caribe, colocándose sólo por debajo de Chile y Costa Rica, y por arriba de Argentina, Brasil, Colombia y el resto de las naciones de la región. Si además se nos compara con las 40 naciones incluidas en el estudio con un nivel de ingreso semejante (medio alto), México pasó del lugar 20 al 12, lo cual difícilmente puede considerarse un fracaso. En términos de la eficiencia en ese periodo a escala regional, salvo Chile, todos los países experimentaron una caída, como Costa Rica que perdió 32 posiciones o Argentina 71 lugares, mientras México bajó en este parámetro sólo 16 puntos.

En resumen, la forma en la que la directora del Conacyt analiza los datos del Índice Global de Innovación es preocupante y obliga a verificar en adelante toda la información numérica que sale de su oficina.

Finalmente, quiero dejar claro, como lo he hecho antes aquí, mi desacuerdo con el subsidio a empresas privadas con recursos públicos y a tratarlas como si fueran minusválidas. Su participación no sólo es deseable sino necesaria para el desarrollo científico de nuestro país, actuando por su propia cuenta o en colaboración con el gobierno en proyectos de interés y beneficio mutuos. Si hay irregularidades en las asignaciones realizadas por gobiernos anteriores, deben ser demostradas y sancionadas en términos de la ley y punto.