Cinco años después de la masacre en Tlatlaya, estado de México, donde al menos 12 civiles fueron ejecutados arbitrariamente por elementos del Ejército, ninguno de los responsables ha rendido cuentas ante la justicia, lamentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

La organización civil, que ha acompañado el caso y acreditó que la orden castrense fue abatir civiles en horas de oscuridad, señaló que la impunidad en la que se mantienen esos crímenes envía un mal mensaje en el contexto de la participación militar en la seguridad pública, con el despliegue de la Guardia Nacional.

Ayer se cumplió un lustro de que 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega en Tlatlaya. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería.

Sin embargo, acotó el organismo, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el organismo nacional estimó que entre 12 y 15– fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

El Centro Prodh refirió que pese a que la Sedena y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron indagatorias, no hay sanción a los responsables. Recordó que el 31 de julio de 2017 la justicia federal otorgó a la sobreviviente Clara Gómez González un fallo en su favor en que ordenó a la PGR realizar con la debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía abatir delincuentes.

“Si los hechos no son esclarecidos y los responsables –a todos los niveles– sancionados, se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”.