l presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a los primeros efectivos operativos de la Guardia Nacional (GN), ayer en el Campo Marte de esta capital, con lo cual comienzan formalmente las funciones y el despliegue de esta nueva corporación en el territorio nacional.

En ese acto, tanto el mandatario como los secretarios de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo; Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y Marina, José Rafael Ojeda Durán, coincidieron en la gravedad del deterioro alcanzado por la seguridad pública en el país y enfatizaron las características a las que debe ceñirse la nueva formación: profesionalismo policial, respeto a los derechos humanos, uso regulado de la fuerza y proximidad con la población.

Después de meses de críticas al proyecto de la GN, por parte de organizaciones de la sociedad civil, fuerzas opositoras y hasta de las propias filas de Morena –el partido del Presidente– el Congreso de la Unión aprobó por virtual unanimidad una fórmula de compromiso para modificar la Constitución a fin de permitir la participación temporal –por cinco años– de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, misión en la que fueron involucradas en forma contraria a la Carta Magna desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón y en la que permanecieron a lo largo del de Enrique Peña Nieto.

El argumento esgrimido para mantener esa anomalía fue que se necesitaba tiempo para profesionalizar, depurar y moralizar a las corporaciones policiales civiles de los tres niveles de gobierno, objetivos que nunca se concretaron. A la postre, el gobierno actual arrancó en un contexto de descomposición institucional de los cuerpos policiales, violencia recrudecida, delincuencia fuera de control y, en consecuencia, una zozobra generalizada en los ciudadanos y una sensación de total desamparo.

El proyecto lopezobradorista ha prometido un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad pública y combate a la criminalidad. Uno de los puntos de esa propuesta es la creación de la GN, gestada y entrenada principalmente por las fuerzas armadas.

Esta característica es la que ha generado la mayor parte de las críticas al proyecto, habida cuenta de que en el pasado los institutos armados del país han sido utilizados en tareas de represión política y su participación en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón y proseguida por Peña dio pie a numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos.

La apuesta de López Obrador consiste en que esas mismas fuerzas armadas, bajo un mando supremo civil de orientación claramente diferenciada de los gobiernos anteriores, logren conformar una corporación orientada a la paz, la realización de tareas policiales y ajena a las lógicas bélicas consustanciales al ámbito militar. Se trata de una apuesta arriesgada que, de fracasar, podría afectar buena parte de la legitimidad del mandatario, porque 12 años de políticas de seguridad fallidas, inseguridad, violencia y atropellos a la población han erosionado la paciencia social y la credibilidad de las instituciones.

En tales circunstancias, la GN tiene ante sí dos enormes desafíos: marcar una diferencia real en materia de pacificación y reconstrucción de la seguridad pública, por un lado y, por el otro, conseguirlo sin vulnerar las garantías individuales, las libertades y los derechos humanos de los civiles. Cabe hacer votos por que lo consiga, pues ante la violencia, la inseguridad y el acoso delictivo, el país no aguanta más.