La dinámica de crecimiento de la economía mexicana comenzó a deteriorarse hace un año. Eso se da en un entorno de desaceleración mundial, a la que México no es ajena. En meses recientes se ha reportado una caída de la creación de empleo formal, la inversión y el estancamiento de la actividad económica, según cifras oficiales.

Pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un año después de su triunfo en las elecciones, mantiene la proyección de que el producto interno bruto (PIB) repuntará en torno a 2 por ciento y que en el sexenio el promedio anual será de 4 por ciento.

“No hemos crecido adecuadamente en los últimos 35 años, tenemos una tasa promedio de crecimiento económico de 2 por ciento (anual) y eso ha impedido que se puedan crear empleos en el país (…) este año el mundo va a crecer a 4 por ciento y el país, de acuerdo con las proyecciones, lo hará a 2 por ciento. Tenemos que salir del estancamiento económico”, manifestó una semana antes de ser electo presidente.

Por el momento las perspectivas de organismos internacionales, instituciones financieras, el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre crecimiento están lejos de anticipar un crecimiento de 2 por ciento para este 2019. El estimado menos alentador, de Barclays, apunta a una cuarta parte de eso: 0.5 por ciento.

Sumado a la desaceleración heredada del año pasado, hay otros aspectos que también destacan en este primer tramo de 2019. Por ejemplo, la economía se contrajo 0.2 por ciento en el primer trimestre respecto del trimestre inmediato anterior; los datos preliminares para el periodo abril-junio serán publicados el 31 de julio. De hilarse dos periodos con una economía en deterioro, se prenderían alertas de que México está rumbo a una recesión, explicó Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese entorno, las calificadoras de riesgo crediticio han cambiado el estatus de inversión tanto para la deuda soberana como para Petróleos Mexicanos (Pemex), principal empresa estatal. Todos, cambios en sentido negativo y que comenzaron con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

La coincidencia en todas las revaloraciones hechas por Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s es la cancelación de dicha obra y la estrategia gubernamental respecto de Petróleos Mexicanos. Tras la caída de la producción hacia el cierre del sexenio pasado, se proyecta reducir la carga fiscal de la petrolera para que invierta en pozos, al tiempo que la reforma energética, concertada en el Pacto por México (en el que no participó Morena) durante el sexenio pasado, está en vilo.

En ese contexto, el gobierno, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha prometido disciplina fiscal. Los Criterios de Política Económica del gobierno tienen como objetivo un superávit primario (ingreso menos gasto antes del pago de deuda) de uno por ciento y que el gasto neto del sector público crezca 6.1 por ciento respecto de 2018. Analistas y miembros del sector privado calificaron esas metas de responsables. Pese a ello, Fitch ha dicho que no cree que las políticas del presidente López Obrador puedan revertir lo que se arrastra en deficiencias de gobernanza y ello afecta el riesgo de inversión.

En ese contexto, las cifras más recientes de empleo apuntan a un desplome de 88 por ciento en la creación de empleo formal. En los indicadores más amplios del Inegi se da cuenta que casi seis personas que laboran lo hacen en la informalidad, tendencia que se arrastra de décadas, y que la tasa de desempleo se ha contenido.

Comercio, servicios y desempeño de las industrias marcan resultados mixtos a lo largo de los primeros cuatro meses de este año, y el indicador de actividad económica –medición anticipada del PIB– está estancado desde diciembre pasado.