El panorama se complicó para Morena, que este lunes llegará al reinicio del segundo periodo extraordinario sin dictamen sobre la Ley de Austeridad Republicana, ya que la decisión de modificar la minuta para elevar de cinco a 10 años el periodo que deben esperar ex funcionarios para pasar a la iniciativa privada, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, rompió el acuerdo con el bloque opositor.

PRI, PAN, MC y PRD no avala-rán ese cambio de última hora, que Morena planteó en la reunión de las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda el pasado viernes, luego de que el Ejecutivo federal declaró que se debía regresar a la prohibición de 10 años para los ex funcionarios, establecida en la iniciativa aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados y que se discute en el Senado.

Entre los morenistas hay dudas, luego de la división que se vio en la reunión del viernes, cuando parte de los senadores avalaron no aprobar el dictamen y darse dos días de receso.

La bancada que coordina Ricardo Monreal discutirá ese punto este lunes durante la reunión previa a la sesión del segundo periodo extraordinario, pospuesta 10 días, con el fin de buscar un acuerdo con la oposición.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que por tratarse de una ley secundaria –que no requiere de las dos terceras partes de los votos– Morena cuenta con la mayoría para aprobarla, pero corre el riesgo de que la puedan controvertir ante la Suprema Corte, ya que vulnera disposiciones constitucionales.

La senadoras Minerva Hernández (PAN) y Vanessa Rubio (PRI) lamentaron que después de semanas intensas de negociación en las que se llegó a un acuerdo acerca de 28 de los 31 artículos de la nueva ley y se seguía el análisis de tres, Morena hubiera intentado que se aprobara en lo general, sin con-senso y con la propuesta de cambio que planteó López Obrador.

La senadora Hernández señaló que la nueva ley es una compilación de disposiciones que están dispersas en varias regulaciones, entre ellas las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Obra Pública y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero estaban dispuestos a avalarla porque el PAN siempre ha estado en contra de la corrupción y el despilfarro de recursos en el gobierno federal.

Sin embargo, dijo, no pueden avalar normas, como la del artículo 25, que establece la prohibición hasta por cinco años de ocupar cargos en empresas del sector privado a los servidores públicos que se separen de su cargo. Se había acordado establecer que ello sólo opera para quienes manejen información privilegiada, pero ahora está el elemento adicional de duplicar el periodo del impedimento.

El senador Mancera expuso que la ley tiene antinomias, lo que significa que dos normas están chocando, en este caso con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se establece que hasta un año después los ex funcionarios podrán contratarse en empresas privadas, pero no se les prohíbe trabajar, como se hace en la Ley de Austeridad Republicana.

Morena circuló un texto en el cual explica que el propósito de la ley es erradicar los excesos de la clase política. En su cuenta de Twitter, el presidente del Senado, Martí Batres, destacó que es correcto el plazo de 10 años que deben dejar pasar los servidores públicos para servir a empresas privadas relacionadas con su función.

Hay que evitar, agregó, casos como los de ex presidentes que terminaron en trasnacionales beneficiadas por las privatizaciones.