Al inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encontró un sistema educativo crispado. Más de medio millón de maestros fueron sometidos a procesos de evaluación estandarizada para definir su permanencia frente a grupo, lo que generó un creciente rechazo entre los educadores.

Además, la aplicación del nuevo modelo educativo en el ciclo 2018-2019 –en el último año de la administración peñista– se realizó a marchas forzadas, sin una adecuada capacitación de educadores y directivos, mientras los problemas de infraestructura y equipamiento escolar continuaron sin atención, pese a la inversión de 50 mil millones de pesos.

Desde la campaña presidencial, la demanda central del magisterio fue la abrogación de la mal llamada reforma educativa. El entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ofreció cancelarla en mayo de 2018 al lanzar en San Pablo Guelatao, Oaxaca, sus Diez compromisos por la educación de México.

Meses más tarde, ya como Presidente electo, reiteró su compromiso de frenar las afectaciones a los derechos laborales de los docentes y reinstalar a los cientos de maestros cesados por negarse a ser evaluados. Y en mayo pasado, el Congreso de la Unión aprobó el decreto de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, con lo que el mandatario federal dio por cumplida su promesa de campaña.

Sin embargo, a un año de su triunfo electoral, profesores y especialistas señalaron que hay avances, pero insuficientes en la materia. En siete meses de gobierno, agregaron, el mandatario impulsó más que una profunda transformación del sistema educativo, un proceso de cambio en el que aún falta mucho por recorrer.

Reconocieron que se avanzó en el reconocimiento de la labor docente y en el desmantelamiento de la política pública de criminalización y denostación del magisterio, a lo que se suma el inicio del proceso para reinstalar a cientos de profesores cesados.

Las grandes transformaciones, señaló Ruth Mercado, profesora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, requieren mucho más de un año para su diseño y aplicación: Nadie puede creer que en un lapso tan corto se pueda concretar un cambio profundo en el sistema educativo; éste tendrá que ser paulatino y aún es pronto para saber si va o no por buen camino.

Docentes frente a grupo consideraron que más que avances significativos, estamos en proceso de transición, de construcción de confianza, de buscar dignificar la labor docente, de devolver, poco a poco, el prestigio que nos quitaron, pero aún no vemos cambios centrales en las aulas, pues en las escuelas hay confusión porque muchas de las políticas públicas implementadas en el sexenio pasado no se han modificado.

Abrogación, la promesa

Tras asumir la Presidencia de la República, López Obrador presentó el 12 de diciembre en Palacio Nacional su iniciativa para reformar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, que señala que “en apego a los compromisos de campaña, propone cancelar la ‘mal llamada reforma educativa’ y detener las afectaciones laborales y administrativas de las que fue víctima el magisterio nacional”.

Con la aprobación de la nueva reforma se canceló la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo autónomo considerado por la actual administración federal un instrumento persecutor del magisterio, cuya desaparición se concretó el 16 de mayo.

También se abrogó la Ley General del Servicio Profesional Docente, con lo que desapareció el marco regulatorio para la evaluación del magisterio en servicio, por lo que se deberán elaborar y aprobar nuevas leyes secundarias, así como crear un organismo para la mejora continua de la educación que sustituya al INEE.