Seattle. Un juez federal de esta ciudad estadunidense escuchó ayer un recurso legal para una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que mantendría a miles de personas en busca de asilo encarceladas mientras se desarrollan sus casos, en lugar de permitirles salir bajo fianza.

El secretario de Justicia, William Barr, anunció la ley en abril como parte de los esfuerzos del gobierno para desalentar al creciente número de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

El decreto, programada para entrar en vigor el próximo mes, tiene en la mira a los inmigrantes que entraron recientemente a Estados Unidos sin autorización y muestran un temor creíble de persecución o tortura si regresan a sus países de origen.

Durante 50 años el gobierno ha permitido audiencias de fianza para personas en busca de asilo ante jueces de inmigración, en las que las personas pueden argumentar que no huirán ni son una amenaza al público, según documentos presentados por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste.

Eso les da la oportunidad de reunirse con sus parientes en Estados Unidos y de encontrar abogados que lidien con sus casos, lo que les da mayor posibilidad de éxito.

La nueva política pondría fin a esa práctica y mantendría detenidos a entre 15 mil y 40 mil inmigrantes sin requerir que el gobierno demuestre que sus detenciones son justificadas, en violación a sus derechos a un juicio justo, argumentaron los grupos.

Hablamos de personas que se quedarían detenidas al menos seis meses y algunas más de un año, dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste. Agregó que bajo la decisión del fiscal general, no importa si esa persona está en riesgo de huir o peligro. Estarán categóricamente encerradas.

Trump dijo que está resuelto a poner fin al sistema de captura y libera de los migrantes en la frontera. También dijo que el sistema de asilos está colapsado y que algunos se aprovechan de él con afirmaciones frívolas.

En tanto, la Corte Suprema decidió que atenderá en 2020, en plena campaña para la presidencia, la petición formulada por la Casa Blanca de si Trump puede cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes que llegaron ilegalmente al país de niños.

El DACA fue creado en 2012 por el ex presidente demócrata Barack Obama y protege a cerca de 700 mil inmigrantes llegados de pequeños al país, los llamados dreamers, además de que les proporcionaba permiso para trabajar durante dos años.

Trump ordenó poner fin al programa en 2017, lo que dio lugar a protestas y un intento fallido de salvarlo por parte del Congreso. Tribunales federales en California, Nueva York, Virginia y Washington han impedido la cancelación de este plan migratorio. Un juez federal en Texas declaró ilegal el DACA, pero se negó a ordenar su suspensión.