Las autoridades mexicanas no garantizan a cabalidad el derecho a la educación de la infancia en el país, así lo asienta un informe en la materia elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el que da cuenta de que hay 5 millones de menores, la mayoría indígenas y mujeres, que no acuden a la escuela.

El reporte, titulado La infancia cuenta en México 2018. Desafíos y oportunidades del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en México, se presentó ayer y revela las dificultades y limitaciones que enfrentan los menores de edad, sobre todo de los sectores más vulnerables.

Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Redim, subrayó que la reforma educativa promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se hizo a espaldas de 28 millones de niñas, niños y adolescentes, vulnerando así el artículo 4 de la Constitución que asienta el interés superior de la niñez.

En ese sentido, agregó, la reforma constitucional en materia educativa aprobada meses atrás por el Congreso de la Unión sólo se enfocó a un debate político con el magisterio, al igual que se hizo en el sexenio anterior, pero dejó de lado a los menores de edad, que al final son el principal sujeto de la instrucción.

El informe muestra que 13 por ciento de las escuelas en el país no tienen techo, 8 por ciento carece de sanitarios públicos y el mismo porcentaje de energía eléctrica, así como 70 por ciento de salas de cómputo, por citar algunos datos.

Agrega que de los 5 millones de niñas, niños y adolescentes que no acuden a la escuela, 35 por ciento están en edad prescolar, y otra cantidad similar entre los 14 y los 17 años, en este caso sobre todo son mujeres.

La situación se agrava con grupos más vulnerables, como menores con algún tipo de discapacidad, indígenas o provenientes de familia con carencias sociales. En estos sectores, dijo el líder de la Redim, los riesgos que enfrentan los infantes y adolescentes se duplican.

Otro de los datos que aporta el informe es que 40 por ciento de los menores que realizan actividades económicas, lo hacen por hasta 40 horas a la semana, lo que les impide asistir a la escuela. No trabajan porque así lo deseen, sino por una condición de pobreza y desigualdad que viven sus familias.