La tortura en México es un problema crónico y generalizado, por lo que las autoridades mexicanas, federales y locales deben elaborar y aplicar una estrategia nacional para combatir esos actos, enfatizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, esa oficina emitió un pronunciamiento en el que subrayó que la recurrencia de esa práctica en México ha motivado serias preocupaciones por parte de organismos de derechos humanos y fuente de consternación social cuando se evidencia su comisión.

Recordó que la Ley General Contra la Tortura y diversos instrumentos internacionales contienen los elementos necesarios para combatir este delito. Sin embargo, dichos instrumentos normativos continúan sin ser efectivamente aplicados, lo que tiene por consecuencia que la tortura siga siendo uno de los elementos principales que erosiona al estado de derecho y al sistema de justicia.

La ONU-DH llamó a retomar las principales obligaciones del Estado contra la tortura, entre ellas emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica.

Es urgente que la Federación y todas las entidades cuenten con las fiscalías o unidades de investigación especializadas que la ley general obliga a crear, así como dotarlas de recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan sancionar a todos los responsables, incluyendo a los superiores jerárquicos.

Las nuevas autoridades en México tienen la oportunidad de revertir uno de los problemas más graves que enfrenta el país y dejar atrás una conducta enraizada en el sistema de seguridad y de justicia. A la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente en el combate frontal a la tortura, dijo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

Exhortó a atender las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en la revisión a México (realizada a finales de abril en Ginebra, Suiza), además de otras medidas adoptadas que ya han sido adoptadas por tribunales y órganos internacionales.

También llamó a que las autoridades se abstengan de designar en cargos públicos a personas que hayan sido señaladas de torturar.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a erradicar los actos de tortura, en particular contra de personas privadas de libertad.

Señaló que esto se da sobre todo durante el arresto y las primeras horas de la detención, y que los gobiernos deben asegurar que en la capacitación de agentes se ponga especial énfasis en su prohibición.