Sociedad y Justicia
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Anomalías pusieron en riesgo las metas de Prospera: ASF
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de junio de 2019, p. 35

El programa Prospera, que será eliminado por el actual gobierno para destinar sus recursos a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, ha sido blanco de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a fallas diversas –como excederse en el ejercicio de recursos aprobados y equivocarse en la configuración del padrón de beneficiarios–, las cuales pusieron en riesgo el cumplimiento de sus metas.

En uno de sus estudios más recientes sobre la cuenta pública 2016, la entidad revisora del gasto hizo ver que Prospera –creado en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que ha cambiado dos veces de nombre a lo largo de seis sexenios– presenta debilidades significativas de control interno.

Una de las principales fallas que detectó la ASF en la auditoría financiera y de cumplimiento 270-DS es que los responsables del programa rebasaron el presupuesto de 82 mil 534 millones de pesos que se le asignó en 2016, en particular en lo que se refiere a gastos de operación, pues ejercieron 4 mil 178 millones en vez de los 3 mil 796 autorizados. Lo anterior ocurrió debido a que en la coordinación nacional del programa se dio falta de liderazgo en el seguimiento y consolidación de la información en temas que les son comunes a las instituciones responsables de su ejecución.

De igual manera, no cuenta con planeación estratégica que defina sus objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazos ni considera los riesgos operativos en sus delegaciones estatales.

En cuanto a los padrones de beneficiarios, se identificaron inconsistencias como fechas de nacimiento registradas en un rango de años de 1643 a 2050, así como 2 mil 14 localidades duplicadas y diferencias entre el número de comunidades atendidas y las reportadas en los informes trimestrales de 2016.

“Las debilidades de control interno antes mencionadas –señala la ASF– por su impacto ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del programa o motivan la existencia de un riesgo que causaría daño o perjuicio al erario público federal”.