Saltillo, Coah., México está en su derecho de modificar la política migratoria y reforzar su seguridad fronteriza, pero debe garantizar el acceso de extranjeros que solicitan refugio humanitario, consideró Mark Manly, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Estamos ante un cambio del fenómeno migratorio en México y se debe garantizar acceso a quienes solicitan refugio por estar en riesgo su integridad física y su vida en su país de origen, señaló.

En la víspera del Día Mundial del Refugiado, informó que el número de solicitudes de asilo humanitario al país se incrementó en cinco años; por ejemplo, 2018 cerró con 29 mil 600 y este año van más de 28 mil. Hemos observado que vienen en grupos familiares; 30 por ciento de los demandantes son niños y niñas y 30 por ciento mujeres. Del total de peticiones, 64 por ciento en promedio se resuelven en favor de los interesados, que son enviados a distintos estados, como Coahuila, donde actualmente radican mil 200 extranjeros en esa calidad.

La característica de refugiado les permite desplazarse y tener acceso a empleo y educación, pero se enfrentan a dificultades como la posibilidad de habilitar una cuenta bancaria de nómina, porque no tienen pasaporte o demás documentos migratorios, salvo el permiso de permanecer aquí, expuso.

Informó que nueve de cada 10 extranjeros que solicitan refugio son originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala; el resto de Venezuela. Los primeros llegan por tierra a entidades como Chiapas, Tabasco y Veracruz y los segundos en buena medida lo hacen por aire a la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara.

Aun cuando cada vez hay más manifestaciones de xenofobia, en México se recibe bien a los migrantes, aunque a la población le preocupan las movilizaciones masivas de extranjeros o cuando hay movimientos desordenados, anotó.

Manly se reunió con el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Efrén Ríos Vega, para firmar un convenio de colaboración académica con la especialidad en derechos humanos de refugiados.