El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país y la exigencia de que las compañías de transporte público no permitan el uso de sus unidades a quienes no presenten identificación violentan las garantías de las personas que transitan y habitan en México, advirtieron decenas de organizaciones civiles e instancias académicas.

Estas acciones, dijeron, violan la Constitución, así como las leyes Nacional de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Destacaron que el artículo 11 constitucional asienta que todas las personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional sin necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Instancias como Oxfam México; el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana; el Servicio Jesuita a Refugiados México; el Instituto para las Mujeres en la Migración; Sin Fronteras IAP; el Centro Fray Matías de Córdova y miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIESAS, así como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, entre decenas más, emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron las medidas adoptadas por el gobierno para contener la migración.

Subrayaron que en el caso de personas con necesidades de protección internacional, el uso de la Guardia Nacional en los operativos obstaculiza su derecho al asilo, como señala la Ley sobre Refugiados, instaurando temor fundado de ser detenidas y deportadas si utilizan cualquier transporte que les permita acercarse a los puntos donde pueden empezar su trámite del reconocimiento de la condición de refugiadas.

Señalaron que las empresas de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a indocumentados con conocimiento y con el propósito de evadir las normas, y además lucran al hacerlo.

Pese a ello, el martes, el Grupo Flecha Amarilla y Autobuses de Oriente emitieron un anuncio al público en el que señalan que para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad por disposición del gobierno federal, lo que es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación.