La educación media superior enfrenta múltiples desafíos. Atiende a 5.4 millones de alumnos, pero mantiene tasas de deserción escolar superiores a 13 por ciento, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que cada año abandonan las aulas 700 mil ­jóvenes.

Impartida en más de 30 modalidades, la actual administración impulsa una nueva gobernanza del bachillerato con fundamentos y estrategias propios y destaca que las reformas emprendidas desde 2008 no dieron los resultados esperados, debido a que se consideró a las escuelas como si todas tuvieran las mismas condiciones de operación, infraestructura y administración, lo que está muy alejado de la realidad.

Afirma que en la puesta en marcha del nuevo modelo educativo, emanado de la reforma educativa peñista, no se observó la heterogeneidad dentro del sistema educativo y no consideró las diferencias entre niveles, entornos, edades y condiciones socioeconómicas de los jóvenes, lo que pudo promover su paulatina privatización.

En las Líneas de política pública para la educación media superior, emitidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior, que encabeza Juan Pablo Arroyo Ortiz, se propone replantear el modelo educativo surgido con la reforma integral a la educación media superior (Riems) y de las posteriores modificaciones constitucionales de 2012 y 2013, pues a pesar de la aprobación de las leyes secundarias muchas acciones y ejecuciones de esos proyectos no tuvieron resultados positivos porque no existió una estrategia pertinente para su implementación.

Al respecto, en una nota política sobre educación media superior, elaborada antes del cierre de la pasada administración federal, se reconocen los retos, y se destaca la necesidad de avanzar tanto en la gobernanza del subsistema como en la disminución del grave problema de la deserción escolar.

De acuerdo con cifras oficiales, 21.5 por ciento de los alumnos de bachillerato está matriculado en planteles de control federal; 48.4 por ciento en escuelas estatales; 12.6 por ciento en instituciones que dependen de una universidad autónoma, y 17.5 por ciento en instituciones particulares. De esta forma, 5.4 por ciento de las escuelas de bachillerato son de control federal; 58.5 por ciento estatal; 3.1 por ciento autónomo, y 32.9 por ciento particulares.

Por ello la SEP propone, entre otros ejes, diseñar una política pública general para el nivel educativo y diferenciar las orientaciones de ésta con arreglo a los distintos modelos educativos, formas de sostenimiento y necesidades de atención que requiere cada subsistema para su implementación.

Esto incluye fortalecer la gobernanza del subsistema a escalas nacional, regional (por estado y tipo de modalidad) y local (por plantel); además se buscará consolidar la colaboración con otros niveles educativos, como la formación básica, a fin de que lleguen mejor preparados los alumnos que cursen el bachillerato, y con la educación superior, para favorecer su ingreso a los estudios universitarios.