Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, decidió rechazar la solicitud de libertad provisional bajo fianza para el magnate del sector metalúrgico mexicano Alonso Ancira, detenido el pasado 28 de mayo en la ciudad de Palma de Mallorca y sólo tres días después de que la autoridades mexicanas decidieron congelar sus cuentas bancarias por un presunto caso de corrupción.

El presidente ejecutivo de Altos Hornos de México (Ahmsa) está implicado en la compraventa a un precio 10 veces superior a su valor de la empresa Agronitrogenados, que compró Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando la dirigía Emilio Lozoya Austin, sobre quien pesa una orden internacional de búsqueda y captura y cuyo paradero es desconocido.

El juez Pedraz asumió el caso contra el empresario mexicano gracias a que el día siguiente de su detención, cuando tenía que comparecer ante la justicia, se encontraba de guardia en la sede judicial. Al tratarse de un asunto de carácter internacional y en el que se investigan delitos como lavado de dinero y corrupción correspondía a la Audiencia Nacional entender el caso.

De hecho la primera declaración de Ancira se hizo a través de videoconferencia, en la que, según su abogado, dijo que era víctima de una vendetta política por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aquel día, el magistrado decidió su traslado a prisión sin derecho a fianza y abrió la puerta al inicio de un proceso de extradición, una vez que el empresario se negó a ser entregado voluntariamente a las autoridades mexicanas para responder por los delitos que se le acusan.

El abogado de Ancira, el prestigiado penalista Ismael Oliver, presentó una petición formal ante el juez Pedraz para su liberación con medidas cautelares, que es precisamente la que ahora resolvió en su contra el impartidor de justicia español.

El abogado del empresario argumentó que su cliente sufre diabetes, tiene 67 años y debe ingerir varios medicamentos al día para subsistir. Asimismo, negó que hubiera riesgo de fuga, a pesar de que fue detenido en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando intentaba viajar rumbo a Canadá.

La justicia española iniciará formalmente el proceso de extradición cuando las autoridades mexicanas presenten la documentación y la petición formal, que hasta la fecha no han realizado. El plazo fijado por el Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua contempla un plazo máximo de 60 días, con lo que las autoridades mexicanas todavía tienen margen.

El abogado de Ancira defendió hace un año y medio a Javier Nava Soria, considerado como el testaferro del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte. En aquella ocasión la justicia española le dio la razón a Oliver y logró su liberación sin cargos, si bien unos meses después fue expulsado y devuelto a México por no tener los papeles de migración al día.

Pedraz es el mismo que en su momento resolvió el caso de Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, quien tenía abierta una investigación por la fiscalía española en la que se relacionaba con el crimen organizado y negocios en el tráfico de droga. Finalmente el juez resolvió a su favor.

Aquel caso culminó en febrero de 2016, en el que se señaló por parte de una investigación del diario El País a la embajada de México de maniobrar en favor del ex gobernador de Coahuila y presionar a las autoridades españolas para su puesta en libertad.

La sede diplomática estaba dirigida por la todavía embajadora Roberta Lajous, quien fue ratificada en el cargo por el canciller mexicano Marcelo Ebrard.