A lo largo de tres décadas, los gobiernos en México no han escuchando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han incumplido con su obligación de sancionar a aquellas empresas que generan daños sobre los trabajadores, usuarios, consumidores y comunidades.

Han emitido permisos y licencias de forma irregular y han consentido el desarrollo de proyectos a gran escala u operaciones empresariales que generan violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente y recursos naturales, a la salud y la vida, propiedad, acceso a servicios públicos y a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas.

Así lo acreditó la CNDH en su Recomendación General 37, dirigida a 91 autoridades federales y estatales, en la que puntualizó que se observaron situaciones que propician violaciones a derechos humanos en 11 sectores industriales.

El organismo subrayó que los derechos humanos forman parte de la actividad empresarial y no es potestativo su respeto y observancia; es un deber de las empresas por lo que se les debe exigir su cumplimiento, tanto en sus relaciones internas con sus trabajadores como con la comunidad o grupos sociales y con el ambiente en el que interactúan.

El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guardarrama López alertó que las compañías no cuentan con procesos de debida diligencia empresarial y permanecen sin reparar los daños y afectaciones que sus actividades ocasionan al contaminar el medio ambiente y dañar ecosistemas; al aplicar políticas empresariales discriminatorias contra consumidores, usuarios y público en general, con menores de edad trabajando o al continuar operando con centros de trabajo sin condiciones mínima para la seguridad de los trabajadores.

El organismo remarcó que los defensores de derechos humanos llegan a ser perseguidos, reprimidos, criminalizados e incluso asesinados, por oponerse a estos proyectos. Tan sólo en lo que va de este año han asesinado a cuatro.